Al pago de cuatro millones de pesos fue condenada la tienda Ripley por cobros indebidos de una tarjeta de crédito.
La sentencia de primera instancia fue redactada por el magistrado del Tercer Juzgado de Policía Local Ricardo de la Barra y luego confirmada por unanimidad en la Corte de Apelaciones de Iquique a favor de la dueña de casa Inés Apala Apala.
Los hechos se remontan al 2010 cuando Inés Apala obtuvo la tarjeta Ripley como dueña de casa, con un cupo máximo de 80 mil pesos.
La mujer, madre de tres hijos, separada, y que sólo estudió hasta cuarto básico, nunca se imaginó que la obtención de la tarjeta se transformaría en su peor pesadilla.
Esto porque el 9 de agosto de 2010 recibió un llamado de una voz masculina que le indicó que era beneficiada con otra tarjeta pero que debía entregar su número de rut y su dirección. La mujer proporcionó todos los antecedentes y al día siguiente la notificaron desde la tienda que a través de internet había efectuado diversos pagos por 800 mil pesos, hecho que ella nunca realizó.
En las diligencias que realizó el tribunal estableció que se pagaron servicios de consumo de luz, agua y de un teléfono celular.
Aunque ella nunca efectuó esos pagos la tienda la obligó a cancelar la deuda total, lo que le originó una serie de problemas, entre ellos, tuvo que pedir un préstamo y cayó en una grave depresión.
Después de pagar presentó una denuncia en el Tercer Juzgado de Policía Local por la ley del consumidor en contra de la tienda Ripley.
El magistrado condenó al centro comercial a pagar una indemnización de cuatro millones de pesos a favor de la afectada por todo el daño ocasionado.
La mujer se enteró ayer de la resolución después de la visita de este diario. Señaló que "nunca me imaginé que la justicia fallaría a mi favor", dijo.
Mientras que en la tienda no quisieron referirse a la resolución judicial.
Sin embargo, lo que más llamó la atención, que pese a que existen todos los antecedentes para seguir una investigación criminal y que el el tribunal remitió todos esos datos a la fiscalía, la mujer recibió una carta del Ministerio Público indicándole que por falta de medios de pruebas la causa se archivaba provisionalmente.