Proyecto de una AFP estatal
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Como parte de la extendida agenda de proyectos que el Gobierno se comprometió a ingresar al Congreso en sus 100 primeros días, la Presidenta Bachelet presentó el que propone crear una AFP estatal, cuyo capital estaría conformado en 99% por Corfo y en 1% por el fisco de Chile. La administración estaría a cargo de un directorio de 7 miembros designados por el Presidente de la República -4 de ellos a propuesta de Corfo- y operaría bajo 'idénticas normativas financieras, contables y tributarias que todas las S.A.', y con una triple fiscalización: de la superintendencia de Pensiones, de la de Valores y Seguros, y de la Contraloría.
Por otra parte, la Presidenta Bachelet creó una Comisión Previsional para estudiar la introducción de reformas al sistema chileno, y determinar la naturaleza, dirección y profundidad de las mismas. Por una parte, están quienes creen que debe mantenerse el sistema de capitalización individual, con un pilar solidario que asegure mínimos cada vez más dignos para distintas categorías de pensionados o personas de tercera edad, cuya capitalización no haya sido suficiente para alcanzarlos con sus ahorros, buscando una solución para las 'lagunas' de desempleo que se produzcan.
Por otra parte están quienes, directamente, quieren cambiar el actual sistema y volver a uno de reparto. Los problemas de este, dramáticamente sufridos por el país en el pasado, parecen haber sido olvidados por quienes lo propugnan.
El Gobierno no ha sido claro respecto de cuál sistema prefiere, y probablemente esperará las recomendaciones de la mencionada comisión para definirse al respecto.
Con todo, el hecho de presentar este proyecto de AFP estatal, y darle a Corfo un plazo de 10 meses para elaborar sus estatutos, parecería indicar una preferencia por mantener el sistema previsional actual, porque ¿qué objeto tendría crearla, si antes de que ella comience a operar, se decidiera que dicho sistema se desmantelará?
Si tal es el caso -mantener las AFP-, ¿cuál sería el objetivo de esta medida? Si se busca mayor competencia, deberían darse pasos para fomentarla en el sector privado, que tiene la flexibilidad y los recursos para hacerlo. Si se trata de una AFP que competiría por precio, surge la duda de si un ente estatal, con sus rigideces, sumado a la dificultad para conseguir cotizantes en un mercado relativamente maduro, conseguirá la eficiencia necesaria para lograr los bajos costos de las últimas licitaciones. El hecho de que el cuerpo legal indique que la nueva AFP funcionaría bajo idénticas condiciones financieras, tributarias, contables y de fiscalización que las privadas es una señal tranquilizadora, aunque ello no impide que esa empresa pueda tener pérdidas que deberán ser solventadas por todos los chilenos.
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No es extraño el resultado del SIMCE de la región en sus resultados, existe una constante desde los inicios de la medición y ésta es que los bajos puntajes continúan y la región aún ocupa los últimos lugares en la prueba estandarizada.