La Contraloría y sueldos de concejales
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La función principal de la Contraloría consiste en el control de juridicidad de los actos de la Administración. Para ese efecto, el ordenamiento legal le encomienda la tarea de interpretar las normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo, lo cual da lugar a pronunciamientos en derecho que son obligatorios para los servicios sometidos a su fiscalización. En cumplimiento de esa tarea, recientemente el organismo contralor ha intervenido para rectificar la interpretación de la ley de modernización de las municipalidades, publicada el 1 de abril pasado, que ha hecho aproximadamente el 90% de los concejos del país. Según estos, dicha ley los autorizó para incrementar en 30% las dietas de los concejales, desde el monto máximo de 12 UTM ($504.000) hasta 15,6 UTM ($656.000). La Contraloría ha ordenado a los concejales de todo el país que devuelvan esa alza de sueldo, que considera ilegítima, por cuanto en los municipios el reajuste salarial puede realizarse una sola vez cada año, y en la mayoría de las comunas eso ya ocurrió en diciembre pasado. Los municipios, en cambio, sostienen que tal incremento de salarios procede, invocando el principio general de que las leyes rigen a partir de su publicación en el Diario Oficial. En consecuencia, han solicitado al organismo contralor reconsiderar la orden de devolución salarial. Está pendiente la respuesta de la Contraloría, y cabe preguntarse si, en caso de que no dé lugar a lo solicitado por los concejales, estos recurrirán o no a la vía judicial.
Como fuere, con lo ocurrido se reitera una vez más la necesidad de revisar el sistema de financiamiento de los municipios y sus métodos de rendición de cuentas. Con excesiva frecuencia se conocen episodios de conductas discutibles de concejales, funcionarios municipales y alcaldes que han motivado la acción de la Contraloría (o de los tribunales, en otros casos) para corregirlos. Por desgracia, algo similar ocurre también en el ámbito de los Consejos Regionales. Cabe recordar, por ejemplo, los cuestionamientos por la Contraloría a gastos por consejeros regionales durante viajes al exterior, hace pocos años.
En los municipios, las anomalías se reiteran voluntaria o involuntariamente, pese a los reparos de la instancia competente. Nuestra institucionalidad comunal y regional evidencia cada vez más su retraso, pero una modernización efectiva a su sistema de financiamiento y sus métodos de rendición de cuentas no aparece como prioridad para el mundo político, que a este respecto se interesa casi exclusivamente en lo electoral. De allí, a su vez, la tradicional renuencia del gobierno central, cualquiera sea su color de turno, a profundizar la descentralización, pese a que ella es reclamada con creciente firmeza por la población.
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Nuestra
'No hay nada repartido de modo más equitativo que la razón: todo el mundo está convencido de tener suficiente'.
Hacia el 22 de junio de 1944, el puerto de Iquique vivía la cotidianidad de la baja producción salitrera y la primera fase de la instalación pesquera, la mayor actividad era portuaria y los expendios de alimentos, eran conocidos como almacenes, dadas la gran cantidad de productos acumulados y muchos tenían bodegas en su trastienda, sin embargo y movidos por la oralidad, que proviene del voceo de los diarios, como 'El Tarapacá' y de las radios locales, que la ciudad-puerto se enteraba de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial.