En un 36,94% aumentaron las denuncias por robo con violencia entre enero y junio de este año, lo que corresponden a 222 más que las recibidas el primer trimestre del 2013, según informó la Fiscalía de Tarapacá.
Dentro de los delitos de mayor connotación social, en robo por sorpresa hubo un alza de 559 a 612 casos denunciados y en lesiones aumentó de 1.153 a 1.207 en el mismo periodo el año anterior.
Al respecto, el fiscal regional Manuel Guerra, argumentó que a pesar de tener un número importante de condenados hasta la fecha, con 4.500 personas, las medidas penales no son suficientes para disminuir ilícitos.
'Tenemos un problema serio en la región por el alto nivel de violencia y ello se comprueba en el aumento en uso de armas de fuego, que se dan en mayor proporción en disputas en territorios donde se trafican drogas, comercio sexual callejero, consumo de alcohol hasta altas horas de la noche, entre otras situaciones que propician la violencia', explicó Guerra.
Hizo alusión al homicidio del pasado 21 de julio en el sector centro, que se generó producto de una riña al interior de una cantina.
'Es preciso que las autoridades fiscalicen la ciudad y cuiden la entrega de patentes de alcoholes, ya que el ataque se produjo un domingo por la noche'.
Con 1.271 personas condenadas a cumplir penas de cárcel en el primer semestre, cifra líder en proporción al tamaño de la región, los números en delincuencia siguen en alza.
Al respecto, el fiscal regional manifestó que los comentarios sobre la puerta giratoria o 'mano blanda' en la justicia, no son acertados.
'La sanción no es suficiente para combatir ilícitos, porque aunque antisociales cumplan penas efectivas, afuera hay condicionantes que facilitan la victimización, como la escasez de espacios públicos para esparcimiento y deportes', criticó Guerra.
Dentro de los ilícitos cometidos por adolescentes, existe un aumento de 688 en 2013 a 781 denuncias el presente año, con menores de edad involucrados en autoría de los delitos, lo que se traduce en un 15% más que el año anterior.
'La ley no cumple con la respuesta esperada al generar el nuevo sistema para menores. En relación a reinserción escolar y laboral, hay una situación delicada por menores de edad reincidentes, involucrados en hechos de mayor gravedad como homicidios, lesiones graves, robo con violencia', expuso Guerra.
Argumentó que la baja penalidad que concede la reforma, no tiene legitimidad para la ciudadanía, ya que los jóvenes delinquen aún cumpliendo penas en libertad.
Además el estatuto de protección impide realizar diligencias investigativas sin autorización de los padres o reconocimiento fotográfico por parte de las víctimas, sumado a la debilidad en el sistema y programas de rehabilitación para los jóvenes. J