Una polémica de nunca acabar protagonizan el ex director de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, Ronel Torres y los funcionarios de esta repartición, a raíz de una denuncia efectuada en diciembre de 2013 ante la Contraloría, en relación a unas obras de mantenimiento y reparación en el 2012 de la sede de calle Errázuriz, cuya ejecución no estaría acreditada.
El nuevo capítulo de esta historia es que el órgano contralor solicitó al Tribunal de Cuentas de este mismo organismo, "que se haga efectiva su responsabilidad civil extra contractual solidaria", contra ocho funcionarios de Junji, que incluyen al ex director por su responsabilidad civil en el examen de cuentas de un contrato de servicio de mantención donde la Contraloría observó "un incumplimiento de contrato por parte de la entidad licitante (Junji), dado que los presupuestos presentados por el contratista no indicaban la unidad de medida de los materiales, valor unitario y total por cada trabajo y el plazo de ejecución de éstos".
El documento agrega que se pagó por el cambio de concretos, mantención de baños, reparación de pisos, entre otros, donde no fue posible constatar la ejecución de éstos, que suman un total de $14.605.000.
Por esta razón la Contraloría expresó al Tribunal de Cuentas, "que concurren todos los elementos propios de la responsabilidad civil de los funcionarios demandados, conducta imputable a título de culpa o dolo, daño al patrimonio fiscal y relación de causalidad."
Reacciones
Consultado por esta situación, el ex director de Junji, Ronel Torres, puntualizó que la reparación del edificio, "fue ordenada directamente desde nivel central". Señaló que toda esta denuncia fue orquestada por la presidenta del gremio Ajunji, Silvia Silva y el diputado Hugo Gutiérrez. "Esto es una persecución política muy tremenda, ahora no tienen argumento y ahora que yo estoy persiguiendo judicialmente están muy asustadas".
Torres fue mucho más allá al asegurar que entregó todos los antecedentes a la Contraloría, sin embargo imputó un supuesto robo y destrucción de evidencia que acreditarían estas obras."La AJUNJI se tomó la dirección regional en el 2013, quien no me asegura a mí que no se robaron información de la oficina", denunció.
Imputación que Silvia Silva, presidenta regional de AJUNJI, calificó como irresponsable, "nosotros lo único que hicimos fue presentar estos antecedentes y denunciar estas irregularidades... él está defendiendo lo indefendible".
Por su parte el diputado Hugo Gutiérrez, expresó, "yo denuncié lo que a mi me parecía irregular, que era que ciertos gastos que se habían pagado para hacer ciertas obras civiles, a mi entender no se habían realizado y la Contraloría qué determina, termina acreditando lo que yo sostuve, que esos gastos no se habían hecho y no se habían pagado".
Por último enfatizó, "estas platas no se usaron para hacer obras civiles, eventualmente se usaron para hacer campaña". J