Lecciones para enfrentar el delito
La problemática de la delincuencia, es una realidad presente en todos los países, en menor o mayor grado, y con expresiones distintas. De ahí que, frente a una preocupación común de parte de los Estados en esta materia, no exista consenso respecto de cuál es la mejor estrategia para enfrentar la criminalidad con sus diversas expresiones.
En nuestro país, a partir del año 2000, el Estado ha ido avanzando paulatinamente en el diseño de diversas políticas destinadas a la prevención y control de la delincuencia, además de ir definiendo y fortaleciendo la institucionalidad pública necesaria para enfrentar dicho desafío. De este modo, el énfasis ha oscilado entre aquellas medidas destinadas a abordar la criminalidad desde el enfoque de prevención y aquellas que asignan un rol relevante al control y la persecución del delito; ambas estrategias expresadas en diversas iniciativas legales y programas sociales.
De este modo, la tarea de seguridad pública, tradicionalmente con fuerte énfasis policial, ha ido incorporando el aporte de otros sectores, que con instrumentos específicos, pueden aportar a esta labor, por ejemplo en el ámbito de salud, o del diseño urbano. Sin perjuicio de esto, en nuestro país, el 60 por ciento del presupuesto destinado a seguridad pública, sin considerar el presupuesto del Poder Judicial, es destinado a las policías.
A pesar de esto, no se ha podido revertir el incremento en las tasas de delitos, fundamentalmente contra la propiedad. Ante la evidencia, es bueno tener a la vista un enfoque integral, lo cual permitirá abordar la criminalidad entendiendo que esta se produce en la medida que concurre al menos tres elementos: Una víctima y/o un bien atractivo para el robo; un entorno que facilita la comisión del delito; y una persona dispuesta a cometerlo.
La experiencia internacional, demuestra que el abordaje de cualquiera de estos aspectos, permiten un mejor pronóstico. En otras palabras, son fundamentales al momento de planificar estrategias de mitigación, así como su ponderación en orden de importancia, considerando los recursos efectivos que se disponen para tale fines.