Agresiones a Carabineros
Hace una década era impensable que Carabineros pudieran sufrir agresiones de los ciudadanos y mucho menos ser víctimas de crímenes. Esa realidad, en los últimos días ha dado muestras de estar cambiando.
La muerte del cabo segundo Alejandro Gálvez durante los incidentes del Día del Joven Combatiente, levantó un tema que desde hace algunos años es reclamado en silencio por la policía uniformada.
La agresión de una persona, supuestamente bajo los efectos de psicotrópicos, a un carabinero en pleno centro de Iquique y el ataque con bombas molotov al cuartel Cavancha, son índices de que no solo es un tema de Santiago, sino que afecta a todo el país.
Este sábado exuniformados y sus familiares acudieron a la plaza Italia en Santiago con el fin de emplazar al Gobierno para que eleve las penas a quienes agredan al personal de Carabineros, en especial en enfrentamientos.
Tras el auge de las manifestaciones sociales, primero con la "revolución pingüina" y luego los estudiantes universitarios, la capacidad para convocar a personas en grandes marchas aumentó significativamente. Además, muchas veces el descontento con la clase política se traduce en violencia, la mayoría de las veces contra la propiedad pública y privada, pero también con los funcionarios policiales.
No se puede desconocer tampoco el abuso en que incurrieron algunos efectivos policiales hacia manifestantes, pero el déficit en número, que en ocasiones provoca que se vean sobrepasados, incide en que el nivel de fuerza que utilicen los funcionarios se eleve.
Influye además una creciente pérdida de respeto a la autoridad, que es posible apreciar desde la infancia, donde la figura del profesor u otra autoridad institucional pierde cada vez más fuerza.
Independiente del endurecimiento de las penas, que ya parece la solución a todos los problemas sociales, el Estado debe hacerse cargo de potenciar las policías en cuanto a tecnología, mayor dotación e instrucción, que no solo permitan la seguridad, sino la prevención del delito. Junto a ello, reforzar las políticas educacionales que permitan formar ciudadanos menos violentos y preparados para resolver sus conflictos en forma pacífica.