Si bien no es posible atribuir la ocurrencia de los delitos en nuestra región a una sola causa, no es menos cierto que la existencia de registros confiables en diversos organismos públicos, nos permite caracterizar de un modo general, los principales delitos acontecidos en nuestra realidad.

En efecto, desde el punto de vista de los casos policiales observados para el año 2014, Tarapacá registró un total de 13.683 denuncias. Al observar la frecuencia de denuncias y su concentración territorial en la región, podemos señalar que la mayor cantidad de hechos reportados se concentra en la comuna de Iquique (9.568 denuncias), y en segundo lugar la comuna de Alto Hospicio (3.489 denuncias).

El análisis por tipo , nos muestra que aquellos delitos que tienen un mayor representación en el universo de las denuncias registradas son: el robo con fuerza, el cual contempla subcategorías como son robo de vehículo, robo de accesorio de vehículo, robo en lugar habitado, etc.; el hurto, la violencia intrafamiliar (VIF), lesiones y el robo con violencia y/o intimidación.

Es importante señalar, que los principales delitos denunciados, tienen por característica esencial estar asociados a variables socioculturales o al desempeño económico de la región. Es evidente la relación con formas violentas de resolución de conflictos que subyace a los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones. Por su parte, tanto los robos con fuerza, así como también los hurtos, son delitos que afectan a la propiedad, y se relacionan directamente con el acceso a bienes que tienen los ciudadanos y que motiva la acción delictual.

En este sentido, la región de Tarapacá, se ha caracterizado por un alto dinamismo en materia económica y con bajas tasa de desempleo en los últimos años, lo que ha movilizado el mercado de bienes de consumo personal. Ello ofrece un gran incentivo para la acción del delito especializado, que en nuestra región queda caracterizado por el robo de vehículos y las bandas de mecheros en las cadenas de supermercados.

Un aspecto relevante, dice relación con la medición en tasa de delitos de mayor connotación social. En este sentido, la Región de Tarapacá, observa tasas de denuncia superior a la media nacional en los últimos 10 años.

Chile sigue enfrentando el desafío de mejorar su seguridad vial, un tema que objetivamente tiene gran parte de su peso en los conductores. Las políticas públicas son efectivas en la medida en que se aplique en los protagonistas del sistema, que son los choferes.

El año 2014 se transformó en el periodo con más fallecidos en accidentes de tránsito, ya sea en carreteras o vías urbanas durante la última década. En concreto, es la cifra de fatalidades más importantes en los últimos seis años, según detalla "El Mercurio" citando el informe anual de accidentes que elabora Carabineros. El desafío para nuestro país radica en que hace cuatro años, se suscribió un compromiso con la Organización de Naciones Unidas tendiente a reducir en un 50% la mortalidad en este tipo de hechos, en la propuesta denominada "Década para la acción en seguridad vial". El objetivo era, así, reducir a 787 la cifra de fallecidos en accidentes de tránsito en una década, a partir de las 1.573 que se contaban en 2011.

El último informe, lejos de acercar a nuestro país a dicha meta, lo distancia significativamente y obliga a reflexionar en los procesos e iniciativas que se han estado llevando a cabo para cumplir con este compromiso. Destacan, en este contexto, los avances en la reducción de accidentes fatales producto de la ingesta de alcohol.

Sin embargo, se reconoce que la mala conducta vial sigue siendo determinante en los siniestros. Y es que la imprudencia tanto de conductores como de peatones, el exceso de velocidad y el manejar utilizando teléfonos celulares se han transformado en factores claves para los accidentes, incluso fatales, lo que confirma la necesidad de que los conductores estén cada vez mejor calificados para poder manejar.

La prevención debe seguir avanzando no solo en la dirección de la responsabilidad de organismos e instituciones especialmente del Estado, sino que también en la obligación de los conductores de tener un comportamiento vial que apunte a la seguridad tanto propia, como de quienes lo acompañan y rodean.