En octubre del año pasado, la "Comisión Asesora Presidencial, para la Descentralización en Chile", entregó su informe final con propuestas concretas en torno a cinco ejes para la lograr materializar este anhelado proceso de modernización en nuestro país. Las recomendaciones se agruparon en torno a cinco ejes, el Político, el Administrativo, el Fiscal y Económico, el Fortalecimiento de Capacidades Regionales y el eje de Participación Democrática. Se propuso, además, diez medidas esenciales, siendo las más solicitadas por las regiones, la elección directa de autoridades regionales, el traspaso de recursos para servicios y programas, y la gestión regional del capital humano.

El informe detalla largamente los beneficios de la adopción progresiva de una administración regional, la que puede impactar en su desarrollo, tanto en su calidad como en su ritmo de avance. En otras palabras, existe un amplio acuerdo sobre que un modelo de administración regional puede mejorar la calidad de vida.

Sin embargo, a seis meses de dicho informe, el tema parece haber perdido todo interés y no se conoce cuál es el programa para ponerlo en ejecución. Estamos inmersos en discusiones de reformas definidas como urgentes para impulsar el país, pero no se incluye en forma clara la variable regional. Por otra parte, la atención publica y ciudadana se ha centrado en los cuestionamientos y disputas por la probidad y la confianza de nuestras instituciones, lo cual ha desplazado, una vez más, la tan soñada descentralización a un plano secundario, sentenciando una vez más la dependencia centralista y postergando un mayor avance de las regiones.

No podemos abandonar nuestro legítimo derecho a potenciar el desarrollo de Tarapacá, pero para ello debemos, como región, presionar para que la descentralización comience de una vez por todas.

Las organizaciones sociales, partidos políticos, consejo regional, municipios, organizaciones gremiales y otros actores sociales, deben asumir que este tema es tan importante como urgente.

Al parecer, el Gobierno postergaría hasta fines de año el plazo para presentar su proyecto de reforma a las isapres. Este aún no tendría estudios de factibilidad, impacto y costo. Habría avanzado en los ejes centrales del nuevo modelo de salud, pero no en la forma de los cambios ni en sus regulaciones.

Es desafortunado que se prolongue la incertidumbre para los usuarios del sistema privado de salud con 3,3 millones, alrededor del 19% de la población. Con todo, sería peor que el Ejecutivo incurriese en precipitaciones, con anticipables errores.

La polémica política en torno a las isapres se prolonga ya por años, así como la judicialización masiva de los reclamos en su contra -casi 100 mil afiliados los plantearon en el último año, en parte impulsados por abogados que persiguen costas en su beneficio, que representaron 15 mil millones de pesos-. Sin embargo, mientras en 2014 el Fonasa incorporó a 74.500 personas, las aseguradoras privadas acogieron a 102.600, y estiman recibir al 50% de quienes se incorporan al mundo laboral anualmente. Así, las isapres crecen seis veces más que el ente estatal.

Esto no significa que las personas no deseen más Estado, sino un servicio mejor y más oportuno, lo que aquel no ha podido brindarles, por deficiencias estructurales que no parecen superables, y tanto menos por la vía de asignarle un rol monopólico, que multiplicaría el enorme poder de sus gremios, que anteponen su propio interés al de los pacientes.

El sector privado ha fallado en asegurar mayor transparencia en su actuar y, además, en brindar constante información para que las personas entiendan los beneficios y costos asociados a sus servicios.

Se requieren herramientas que permitan un equilibrio natural y competitivo entre beneficios y precios, y perfeccionar el sistema privado, especialmente en cuanto a las normas que regulan las tarifas. De continuar creciendo el número de juicios que enfrentan, llegará el momento en que, sofocado por el aumento de los costos médicos y la imposibilidad de ajustar sus precios, colapse, como ya ha sucedido en otros países que quisieron contener sus precios con decretos.