LA PRISIÓN PREVENTIVA
A nivel ciudadano, la prisión preventiva parece ser la única decisión correcta que debería tomar un juez ante un delito. Pero no es así. La privación de libertad de una persona a quien se le imputa la comisión de un delito está contemplada para casos excepcionales.
La Constitución Política de la República establece que "La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla".
La prisión preventiva sólo puede pedirse al juez una vez formalizada la investigación, es decir, cuando el fiscal comunica formalmente al imputado -en audiencia- que se sigue una investigación en su contra.
En estos casos el juez no puede actuar de oficio o por decisión propia, ya que sólo puede decretarla cuando lo pide el fiscal o el querellante. Pero no basta sólo con la petición. Deben entregar antecedentes que permitan justificar la existencia del delito que se investiga y que permitan presumir fundadamente que al imputado le cupo participación en él. Otro requisito es que existan antecedentes calificados que permitan al juez considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación, que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima o de la sociedad, o que existe peligro de fuga. Esto último es la clave para entender cuándo se otorga y cuándo se rechaza una solicitud de este tipo.
No todas las personas acusadas de un delito deben, necesariamente, permanecer en prisión preventiva, pues para cumplir los objetivos de la investigación y la seguridad de las víctimas, la ley entrega a los intervinientes una serie de herramientas llamadas medidas cautelares.
De acuerdo con el informe elaborado en octubre de 2013 por el Poder Judicial, entre 2006 y 2013, los jueces accedieron a la prisión preventiva en el 87,69% de los casos en que le fueron solicitadas por los fiscales del Ministerio Público.