Por buen camino y haciendo justicia a la labor que universidades públicas y tradicionales realizan desde siempre, creemos que transita el proyecto que busca elaborar la Nueva Política Nacional Docente.

Esto porque la iniciativa legal, que busca elevar las exigencias de ingreso de los postulantes a las carreras de pedagogía, resume precisamente lo que las instituciones de educación superior, ligadas al CRUCH, desarrollan en el ámbito de la calidad de la formación inicial docente.

A través de indicadores, como el aumento en el puntaje de ingreso vía PSU, acreditación obligatoria de sus programas, renovación curricular, incorporación de sistema de créditos transferibles y promoción en sus egresados de la rendición de ex prueba INICIA, las universidades públicas y tradicionales ratifican el compromiso que sostienen con el país y en nuestro caso también con la región.

Según cifras del MINEDUC, 24% de quienes buscan ingresar a una pedagogía alcanzan menos de 500 puntos en la PSU, mientras que 23% accede a estas carreras sin rendir esta prueba de ingreso, contando así a un sector educativo no regulado, que imparte un número importante de estas alternativas académicas, aglutinando a su vez a gran parte de la matrícula.

De esta forma se genera una dualidad, teniendo por un lado universidades que no definen estándares de ingreso, mientras que en otro sector, estamos quienes que pese a los pocos recursos que emana el Estado y con una disminución sostenida de sus matrículas en carreras pedagógicas, implementamos políticas estatales de mejora.

Si bien creemos que la Nueva Política Nacional Docente, configura un nuevo orden en el sistema, al enfatizar en los procesos de ingreso, formación, egreso, inserción y desarrollo laboral, extrañamos el reconocimiento de instituciones que durante su historia adaptan los desafíos y normativas que nos entrega el Estado, manteniendo así la arbitrariedad del sistema e incentivando los criterios de mercado.

Independiente de la presentación de los resultados de la medición Simce realizada en el país, es indudable que los últimos indicadores regionales son preocupantes.

Esto, no solo porque Tarapacá nuevamente ocupa el último lugar en la mayoría de las pruebas, sino porque se trata de una constante durante los últimos 10 años.

La evaluación dirigida a alumnos de segundo, cuarto y sexto básico, involucró en la región a 13 mil 886 estudiantes que respondieron pruebas de Lectura, Matemáticas e Historia. Un aspecto destacable es que en esta oportunidad se dio espacio a una categoría de encuestas en la que los alumnos respondieron preguntas en cuanto a la convivencia escolar, la participación y formación ciudadana y motivación escolar.

Este año, la Agencia de Calidad de Educación manifestó que hubo acuerdo de no entregar un ranking público, pues consideran que de aquella forma "se promueven comparaciones injustas", según argumentó Mabel Bustos, coordinadora regional del organismo.

Pese a ello, los resultados están en el sitio web y permiten realizar comparaciones que si bien son estadísticas, deben ser analizadas en su real contexto. En ese sentido, es importante destacar que se trata de establecimientos con características propias, ya sea por su calificación como particulares, subvencionados o municipales; por el número de estudiantes por aula o por las particularidades de las familias que integran cada comunidad educativa.

Lo que sí es evidente, es que estos resultados demandan que la reforma responda a las necesidades de un país que sigue al debe en uno de los pilares de la sociedad.

Si bien se ha optado por iniciar el proceso citando la fórmula de financiamiento de los diferentes establecimientos, es indudable que las mejoras deben apuntar también a la calidad y a la preparación y perfeccionamiento de los docentes.

Es indispensable que en este debate se consideren todas las posiciones, sobre todo aquellas que nacen desde los estamentos bases de la educación. Profesores, apoderados, expertos, alumnos y representantes del mundo político deben aunar esfuerzos para que la reforma beneficie de forma real a las futuras generaciones.