Es evidente que la industria minera se encuentra ante grandes y nuevos desafíos.

Hemos visto cómo las voces locales y la necesidad de un desarrollo sustentable con valor compartido con las comunidades se han vuelto imperativos para el sector.

Es por eso que el sentido de la responsabilidad social tiene que ir más allá de la entrega de recursos a proyectos que muchas veces son secundarios frente a otras problemáticas en las que sí tenemos que participar, para dar soluciones que trasciendan en el tiempo.

Y para lograrlo no necesitamos iniciativas de gran presupuesto ni esperar proyectos de ley que nos marquen el camino. Las empresas debemos tener la capacidad de entender nuestro entorno e identificar -a través del vínculo con las personas- las oportunidades de trabajo colaborativo que permitan garantizar un desarrollo sustentable.

Un ejemplo silencioso y eficiente se ha desarrollado en Pica, donde la Compañía Minera Collahuasi viene trabajando hace casi una década en el manejo hídrico y recuperación de las cuencas, mientras que en Aramark llevamos más de siete años potenciando el crecimiento independiente de los proveedores locales.

Los resultados han sido asombrosos y ésta, sin ser una iniciativa de impacto nacional ni de grandes costos, no sólo ha permitido a esta localidad sortear las dificultades agrícolas en la zona, sino que también mejorar aún más el rendimiento y la productividad de sus tierras.

Hoy, al contrario a la realidad que viven muchas zonas del norte del país, la Cooperativa de Proveedores de Pica tiene una producción anual que va en aumento y que ya supera las 170 toneladas, la que -de la mano de diferentes capacitaciones que se están llevando a cabo- buscarán aumentar e insertar en diferentes mercados.

El llamado es a trabajar unidos: empresas, comunidades y autoridades, por intereses comunes, permitiendo que nuestro país siga siendo un referente económico, pero de la mano de un desarrollo ejemplar que podamos seguir llevando con respeto y armonía.

La tramitación de la llamada Ley Ricarte Soto parece estar dejando en claro que la administración de la salud es un fenómeno complejo que requiere de un tratamiento integral y es muy difícil de abordar por partes inconexas entre ellas. El objetivo del proyecto de ley es simple: crear un fondo de financiamiento para los tratamientos de alto costo que incluya los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos. No obstante, definir cada uno de estos elementos ha exigido ser muy precisos, lo que no era posible al elaborar el programa de gobierno, que solo se comprometió a crear un fondo especial de medicamentos de alto costo. Sin embargo, generó con ello expectativas.

Luego de ser aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados, el proyecto inició su segundo trámite constitucional en el Senado el 23 de abril. Pese a ello, la presión del Gobierno por mostrar resultados en la cuenta pública del 21 de mayo ha calificado su urgencia en discusión inmediata, lo que no asegura un debate serio.

Existen unas ocho mil enfermedades de alto costo, según el subsecretario de Salud, pero no todas cuentan con un tratamiento médico efectivo. Según los estudios de prevalencia, se espera que existan en Chile unos 20 mil enfermos que requieren de este apoyo, lo que implica un gasto anual de $170 mil millones. Igual que en el caso del AUGE, esto significa otorgar un privilegio a ciertos enfermos en relación a otros.

Pero además se han agregado otros elementos que no guardan relación con su objetivo fundamental, que implican graves consecuencias para el desarrollo de las investigaciones médicas en Chile. A través de una ley tramitada con la máxima urgencia se pretende modificar el Código Sanitario y atribuir a los investigadores toda la responsabilidad por las complicaciones que sufran los pacientes en los protocolos experimentales, tengan o no relación con los medicamentos investigados. Más aún, si de la investigación se desprende un resultado positivo, queda obligado el investigador o el laboratorio a proporcionarle el tratamiento de por vida al paciente. Nada de eso incide en el sentido de la ley. Se requiere de mucho más tiempo para una tramitación en que se pueda dialogar con todos los afectados. El segundo tiempo del Gobierno comienza mal si se fuerza su aprobación antes de escuchar a los investigadores.