Independiente del estudio que se realice, las cifras de vehículos siempre ubican a Iquique entre las más congestionadas. Ante esto se hace evidente la necesidad de generar acciones que involucren un reordenamiento del tránsito en la comuna.
La discusión tras el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet, sobre la gratuidad en la educación al 60% de la población más vulnerable del país, generó el movimiento de grupos, que a través de sujetos de influencia a nivel nacional, buscan establecer discursos oficiales, distorsionados de la realidad y que fijan como ejemplo de sus críticas a una universidad extrema, estatal y muy distinta a sus formas de vida, como es la Universidad Arturo Prat.
El descrédito que especialistas, aparentemente informados sobre Educación, establecen a universidades estatales, me llevan a ejercer ciertas semejanzas que tienen las relaciones entre Chile con sus países vecinos en el norte. Esto porque históricamente nuestro Estado, a través de sus formas de influencia masiva, ha generado discursos oficiales, basándose en elementos legales y soberanos, más que informarse de la densidad en integración y reciprocidad que sostiene este espacio transfronterizo cargado de identidad y tradiciones.
Toda esta elaboración de discursos generados a través de las influencias políticas, sociales y religiosas, dañan gravemente la visión que tienen los Estados entre sí y como sus habitantes confluyen en espacios transfronterizos, con características diferenciadoras con respecto al resto de Chile. Hoy la simple exclusión de aportes estatales a instituciones de educación superior privadas con fines de lucro y en algunos casos confesionales, generan la elaboración de discursos, que quedan como oficiales, basados en el desconocimiento sobre el trabajo titánico, que a diario debe realizar una universidad pública, con uno de los Aportes Fiscales Directos más bajos del CRUCH y un Aporte Fiscal Indirecto, casi inexistente.
Quizás el contar con una matrícula de estudiantes, que mayoritariamente provienen de los tres primeros quintiles y que más del 80% cuentan con alguna beca o beneficio social, tengan una repercusión en nuestros resultados académicos, pero ese es el desafío, como Universidad Pública.
Desafortunadamente, quienes tienen el acceso a los grupos que toman decisiones, omiten la realidad, quizás por un desconocimiento histórico, estableciendo estereotipos que no dimensionan todas las variables que significa hacer educación pública en una zona extrema y con investigación aplicada a un contexto regional.
En todos los estudios de opinión la seguridad pública es siempre considerada por la comunidad como uno de los temas de mayor relevancia.
En este sentido, el mundo político siempre se ha preocupado de que esta problemática sea abordada en los programas gubernamentales, independiente de la mirada que cada sector político le otorgue.
En la región de Tarapacá este asunto es mucho más sensible, sobre todo si se considera que las principales encuestas que abordan el tema apuntan a que la región presenta uno de los más altos niveles de victimización del país.
Debido a esto y a diversos hechos de violencia registrados en el último año, se constituyó el Consejo Regional de Seguridad Pública, que incluye a representantes de distintas instituciones del Estado, incluidas las gobernaciones, las policías y el Ministerio Público.
En ese contexto aparecen varias iniciativas, entre las que se incluyen "Espacios públicos más seguros", "Prevención de tráfico y consumo de drogas", "Comunidad sensibilizada en medidas de autocuidado" y "Prevención de violencia intrafamiliar".
La primera de ellas busca concientizar a la población de que todo ciudadano es un actor responsable de la seguridad pública. La segunda tiene por objetivo impulsar el desarrollo cultural y deportivo que fomente un estilo de vida saludable en familia y comunidad. La tercera pretende promover un comportamiento de respeto y cuidado en la vía pública y, por último, la "prevención de violencia intrafamiliar" está dirigida a mejorar la calidad de las relaciones intrafamiliares y coordinar a las instituciones que atienden a las víctimas de delitos violentos.
Si bien la idea es contribuir a un clima de tranquilidad ciudadana y mejorar los índices de victimización, lo cierto es que en estas medidas no se observa nada nuevo y solo reafirman las obligaciones propias de los servicios que integran este consejo. Aún más, consideran la participación de la comunidad, un aspecto que los organismos de seguridad pública ejecutan hace mucho tiempo.
Hoy por hoy, la ciudadanía requiere señales más fuertes, con la implementación de acciones más concretas, que contribuyan de manera efectiva a dar más tranquilidad a las familias y reducir la percepción de inseguridad, algo en que las autoridades aún están al debe.