Todos en nuestro país, cual más o menos, sabemos qué ocurre en torno a la delincuencia, su presencia, su frecuencia, su manifiesto descontrol, etc.; de modo que desde un punto de vista maduro y práctico sin caer en divagaciones teóricas y perfeccionismos impracticables e improductivos debemos entender que toda nueva ley, norma, medida, acuerdo, propuesta, etc. que vaya en apoyo de una sociedad más segura y verdaderamente libre y no presa de la delincuencia como lo es hoy debería ser apoyada transversalmente en una democracia.

No debemos confundirnos y hacer prevalecer los derechos de los individuos en menoscabo del beneficio mayor, la sociedad.

Me parece que no entenderlo de esta manera denota una visión miope de la libertad, y la democracia. Por ello cualquier medida que permita a la autoridad ejercer el control de identidad es deseable si aporta para restablecer el pleno estado de derecho, obligación del Estado con la sociedad.

Por lo demás el razonamiento más básico muestra que quien nada hace, nada teme y si además está consciente de sus obligaciones como ciudadano, debería cooperar facilitando la labor de la policía, sin por ello perder su libertad y derechos.

En mi opinión, parece bastante claro que desde la vigencia de la presunción de inocencia, todo cambió a favor de la delincuencia y en contra de la sociedad.

Todos sabemos cuán difícil es que se condene a un imputado y cuan fácil es que quede en libertad, burlándose del sistema y de todos, por ello desde la vigencia de este nuevo principio, se ha constituido en un rotundo fracaso como aporte real para el debido control de la delincuencia que nos afecta a todos, nos humilla y nos tiene arrodillados constituyéndose no cabe duda a estas alturas en un tipo de dictadura o peor aún, en una pandemia que afecta a todos por igual.

José Manuel Caerols Silva.