Gratuidad en la educación superior
El pasado 21 de mayo, la Presidenta anunció el comienzo de la gratuidad en la educación superior, restringiéndola en su primer año de aplicación solo a aquellas universidades del Consejo de Rectores (25 de las 59 existentes en Chile) y a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica sin fines de lucro (8 de los 71 autónomos existentes en el país). Desde el anuncio presidencial la discusión comenzó a tomar fuerza y está dando paso a interesantes propuestas provenientes incluso de parlamentarios que apoyan el actual Gobierno.
La discusión en torno a la reforma en educación superior reclama su espacio y con fuerza, hay fundados argumentos que cuestionan los pilares básicos de los cambios anunciados.
En primer lugar, parece sensato cuestionarse por qué la prioridad se ha puesto en el final de la cadena educativa y no en el principio. El sistema preescolar no ha sido revisado y nadie discute que es en este segmento donde puede lograrse un mayor cambio social. Si queremos avanzar con mayor rapidez en la igualdad, debemos comenzar desde el inicio de la formación y no partir por los que han tenido el privilegio de llegar a la educación superior.
En segundo lugar y asumiendo que se insistirá en comenzar por la educación superior, no resulta claro que la gratuidad deba ser universal, ya que hay un segmento de la población que perfectamente puede costear sus estudios superiores, ahorrando al Estado recursos para ser asignados a los de menor ingreso, en especial si se sabe que los recursos son escasos y podrían no alcanzar para todos.
Finalmente, respecto del cómo se entregarían los recursos del Estado en un sistema que asigne gratuidad, esta distribución debe ser lo mas justa y equitativa posible, y es precisamente este punto el que mayor rechazo ha generado en diversos sectores sociales.
Resulta discriminatorio restringir el aporte universitario solo a ciertos planteles, toda vez que existe una cantidad mayoritaria de alumnos que estudian en Instituciones reconocidas y acreditadas, que no pertenecen al Consejo de Rectores. Si asumimos la educación como un derecho fundamental de las personas, parece justo que sean ellas las que reciban el apoyo del estado, priorizándolas por su condición socioeconómica y no entregar discriminatoriamente el subsidio a una parte de los planteles acreditados.