Según información enviada por Iquique Terminal Internacional (ITI) a todos los agentes de carga, la congestión en el Puerto de Iquique llega a un 95%. Por este motivo se dispuso el despacho de todos los contenedores y automóviles, con el objetivo de acelerar y normalizar los servicios operativos.

Estos antecedentes no pueden pasar desapercibidos por la autoridad, ni menos para los afectados: agentes de carga y cliente finales. El tema cobra una relevancia país cuando la Empresa Portuaria de Iquique (EPI), decretó al Puerto de Iquique "en estado de congestión".

Esta declaración por parte de la EPI, no es solo una manifestación de una realidad, sino que una problemática que está trascendiendo y tomando ribetes críticos.

Los costos por sobreestadía de los contendedores, debido al paro del Puerto de Iquique que duró más de 20 días, sumado a factores logísticos de la EPI, han hecho que los rezagos de carga y el sacar los containers, sumen costos altísimos. Esto, ya que las navieras traspasan el costo de las sobreestadías a los agentes de carga y estos deben asumir la merma con el fin de no perjudicar al cliente final.

El Estado debe asumir que lo que está pasando en Iquique es crítico.

Los altísimos precios de sobreestadía, el rol de las navieras de no asumir los costos y la desprotección hacia el cliente final que vería incrementado el acceso hacia productos importados, son antecedentes que deben hacer reaccionar a la autoridad.

Los primeros pasos legislativos que ha dado el proyecto de carrera docente generan dudas y confusiones. Se recordará que hace unos días fue analizado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde fue rechazado, con la inasistencia de algunos parlamentarios de la coalición de gobierno.

Luego pasó a la sala para su estudio general, donde fue aprobado por 65 votos contra 30 y 11 abstenciones, por lo que ahora corresponde su estudio en detalle. Esta aprobación se logró con acuerdos entre el gobierno y parlamentarios, respecto a recursos que permitirán financiar demandas del profesorado. Entre ellos, dar ingresos más atractivos, modificar asignaciones y subir a 40% las horas no lectivas, es decir, las que se dedican a preparar clases o corregir pruebas. El acuerdo también permitió eliminar el proyecto de certificación de inicio para los maestros, por lo que bastará con su título profesional para el ingreso a la carrera docente.

Ocurre esto en momentos en que los docentes de los establecimientos municipalizados depusieron la paralización y pudo apreciarse divisiones al interior del gremio de los docentes.

Durante las negociaciones, el Ejecutivo se ha comprometido a realizar una inversión en educación pública de US$2.300 millones de aquí al año 2020. Algunos se plantean si esto será una verdadera contribución al mejoramiento de la calidad de la educación en ese segmento.

Estos serán, entre muchos otros, los aspectos que deben considerarse.

Con todo, es evidente que queda un sabor amargo después de todo lo acontecido. Es cierto que los profesores, y la educación en general, son fundamentales para el desarrollo del país y las nuevas generaciones. Efectivamente se trata de una profesión que debería estar muy bien remunerada y trabajar en tranquilidad.

Resulta, entonces, lamentable que la búsqueda de estos objetivos siempre terminen traducidos en huelgas y paros que terminan castigando a los alumnos, y sus padres y no al verdadero sostenedor de los establecimientos.

Hasta ahora, en un año y medio, se ha hablado muy poco de verdadera calidad en la educación.