"Las instituciones tienen que pasar a ser parte de la solución y no del problema"
Con la seguridad ciudadana como una prioridad para la población desde hace más de una década y el trabajo de las instituciones del Estado implicadas en la materia mal evaluado, la directora de la fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, advierte que se está produciendo una "desalineación" que ha puesto a ambas partes en veredas opuestas.
Por un lado, agrupaciones ciudadanas "funando" a autoridades y organizando "caceroleos" en varias comunas, de la mano de una percepción de mayor inseguridad y un aumento de los delitos violentos.
Por otro lado, el Gobierno que reacciona ante el fenómeno: "No sé si todos los que van a cacerolear, por una cuestión de edad, se la jugaron tanto por la recuperación de la democracia, pero bienvenida la libertad y democracia", dijo el ministro del Interior, Jorge Burgos, tras las recientes protestas con cacerolas en el país.
En el contexto del máximo histórico en el porcentaje de hogares víctimas de robo o intento de robo -que alcanzó en 2014 el 43,5%, según cifras de Paz Ciudadana-, la directora ejecutiva de la fundación defiende el derecho de la ciudadanía a exigir más y mejor gestión del Estado en este tema. Señala que las protestas ciudadanas no corresponden a un fenómeno del "barrio alto" de Santiago, sino que tiene su base en una mayor victimización en la zona sur y sur poniente de la capital, en el caso de Santiago. "El gran volumen de delitos en Chile aqueja a personas de bajos recursos", agregó.
En esta entrevista, ella apunta al "corazón" de las falencias que se arrastran hace años y profundiza en los objetivos que la lucha contra la delincuencia debe tomar en cuenta de forma urgente. Entre ellos, cita la puesta en práctica del Banco Unificado de Datos, una mejor gestión de la situación de los delincuentes violentos y prolíficos, la creación del Servicio Nacional de Penas Alternativas y modificar la prisión preventiva como la medida cautelar preferida del sistema judicial.
- Los datos que nosotros generamos son la Encuesta de Victimización, que hacemos una vez al año, y la del 2014 lo que arrojó fue el máximo histórico en términos de porcentaje de hogares que fue víctima de robo o intento de robo, con 43,5%. Toda la demás información oficial es la que generan los órganos del Estado encargados de la seguridad pública, como las policías y el Ministerio Público. En relación a los datos del primer trimestre, que están disponibles ya sea en la plataforma de análisis criminal, en el caso de las denuncias de Carabineros, que son el gran volumen de las denuncias, como en las estadísticas trimestrales de la Subsecretaría de Prevención que suma las dos policías, lo que se observa es que la suma y el promedio nacional de delitos de mayor connotación social en el primer trimestre disminuye 2,8%. Ese promedio esconde variaciones importantes en algunos tipos de delitos. Por ejemplo, el robo en lugar no habitado aumentó 4,1%; otros robos, 1,9%; y robo con violencia e intimidación, 1,6% en el nivel nacional. Esos aumentos se deben a incrementos significativos en distintas comunas para estos tipos de robos. Y ahí este promedio nacional lo que hace es esconder las variaciones comunales, que muestran incrementos de hasta 30% en varias categorías de robos no solo en Santiago, sino que en varias ciudades del país.
- La ciudadanía ha estado exigiendo públicamente más soluciones a un problema que es prioridad de la ciudadanía desde principios de los '90. Todas las encuestas ponen a la seguridad ciudadana como una de las tres primeras prioridades en las que la comunidad quiere que el Gobierno enfrente el tema. Y a la vez, la encuesta Adimark GFK y otras arrojan que sistemáticamente, salvo escasas excepciones, es el área peor evaluada del Gobierno y de otras instituciones, salvo las policías. Esta inconformidad y mala evaluación de desempeño es algo que venimos viendo hace 15 años. Lo que pasa es que la ciudadanía, al igual que en otros ámbitos, se está movilizando para dar a conocer esta opinión y movilizar a las autoridades a resolver lo que haya que resolver.
- Al contrario. Hay muchas comunas a lo largo del país. Y de hecho, en la Región Metropolitana la victimización es más alta en la zona sur y sur poniente que en la zona oriente. El gran volumen de delitos en Chile aqueja a personas de bajos recursos.
- Cuando la ciudadanía ve aumentos de robos y robos con violencia de más de 30% en sus barrios y ciudades, y el fiscal nacional, a poco tiempo de terminar su mandato de ocho años, o el exdirector de la PDI, declaran que el sistema no funciona para los robos, y en los hechos el 85% de los robos son archivados, la ciudadanía está en su derecho de expresar su prioridad de las maneras pacíficas que encuentre para que se le otorgue la prioridad política que se requiere. El que sea una prioridad para la ciudadanía por tanto tiempo, y haya una mala evaluación en el mismo tiempo de la gestión del Gobierno, habla de que el desempeño del sistema está fallando. Y las máximas autoridades al término de sus periodos lo reconocen públicamente.
- Hay que poner ya en práctica el Banco Unificado de Datos. Las policías tienen que compartir información, también con Gendarmería. Se debe hacer mucha mejor gestión de los delincuentes violentos y prolíficos. Muy pocas personas cometen gran parte de los delitos en el país. En coordinación con los fiscales, hay que desplegar estrategias de persecución penal que logren condenar a estas personas. El Banco Unificado de Datos permite compartir esa información y generar mesas informativas prácticas para poder lograr esa tarea. También es urgente crear el Servicio Nacional de Penas Alternativas y medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. El 80% de las medidas cautelares y más de 50 mil personas se encuentran cumpliendo medidas cautelares o penas alternativas en libertad. Y hoy no contamos con información pública de quebrantamiento. Es decir, falta una gestión mucho más potente del control de esas medidas y de la intervención que se hace en esa población para que se reduzca la reincidencia, al igual que una intervención en la población penal. Si bien hay un pequeño núcleo duro que siempre volverán a delinquir, se puede reducir la tasa de reincidencia de la gran mayoría de quienes delinquen con intervenciones de calidad. Y eso no está pasando tampoco.
- El hecho de que el 85% de los robos sean archivados tiene que ver con dos de las medidas que se están focalizando, como el parte policial y las primeras diligencias. El tema es que las instituciones tienen que pasar a ser parte de la solución y no del problema. Ellas son las que deben proponer e implementar las medidas concretas para, de una vez por todas, tener un mejor parte policial y resolver los problemas que tienen las primeras diligencias en una investigación. Esto no es muy distinto a lo que se viene hablando respecto de los nudos que tenemos. En materia de conectividad informática, ya que desde 1997 estamos empujando que exista un Banco Unificado de Datos, esto ahora tiene que ver con cómo las instituciones van a hacer uso de esta información, para qué decisiones y gestiones. El peso de la prueba está en las instituciones del sistema para poner esto en marcha, y que después de estos plazos la ciudadanía se entere cuáles son las mejoras que se hicieron y las mejoras que se están obteniendo.
- Las instituciones policiales debieran darle una respuesta a la ciudadanía de por qué en todo este tiempo no han compartido información y han permitido que en casos tan bullados, como el "Robo del siglo", tuvieran problemas operativos para pesquisar que una persona salió fuera del país. Son las policías las que deben contestar esa pregunta.
- Existe amplio consenso de que hay problemas gruesos en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Hay que recordar que ese sistema penal se puso en marcha con varias voces críticas, en términos de que no estaban dadas las condiciones para su implementación. Y también hay desafíos legislativos y operativos. Como país, desde el acuerdo político de 2007 que venimos hablando de la separación del Servicio Nacional de Menores (Sename). Lo que se requiere es voluntad política persistente en el tiempo para materializar todas estas reformas.
- Todo lo que permita a la ciudadanía movilizar a las instituciones a ser más eficaces con los recursos que todos los chilenos les damos, es bienvenido. El país ha duplicado el gasto en seguridad pública en las últimas dos administraciones, y el desempeño de las instituciones no ha mejorado. En este sentido, estas manifestaciones son un aporte para movilizar a las instituciones a hacer los ajustes que hay que hacer. J