Algunos parlamentarios han planteado la necesidad de que sea derogada la ley que dispone el voto voluntario, que tiene apenas una vigencia de tres años, para volver al sistema de voto obligatorio. La ley 20.568, que reguló la inscripción automática y voto voluntario fue promulgada el 23 de enero de 2012. Con ella se pretendía -supuestamente- resolver el problema de la alta abstención electoral. No obstante, en los comicios municipales de octubre de ese mismo año, la abstención se elevó a 60%, mientras en la presidencial de 2013 fue de 58%.

Ante el desencanto y la desconfianza ciudadana hacia la actividad política, pareciera más sencillo recurrir a aspectos normativos que regulen el comportamiento cívico de los ciudadanos, que orientar los esfuerzos de las autoridades hacia un trabajo para reencantar al electorado, con miras a los comicios de 2016 y 2017.

Cuando los políticos de todos los colores se jugaron erróneamente la opción de la inscripción automática y voto voluntario, la vieron como una solución frente al desinterés ciudadano. Pero está claro que ése no era el remedio. Desde luego que preocupa la baja participación, porque significa que muchas personas se ponen al margen del mecanismo electoral. Tal vez quieren manifestar así su desencanto por la forma de hacer política. No obstante, ello debilita la democracia y da menos sustento y legitimidad a quienes son elegidos. El sistema democrático requiere de coaliciones gobernantes y opositoras fuertes.

Tal vez la clase política no ha sabido interpretar las expectativas de los electores. Las encuestas han determinado que la desilusión de jóvenes y adultos se fundamenta en que no ven que sus problemas reales estén considerados en las agendas temáticas de los partidos.

Lo preocupante es que la democracia termine digerida por la propia democracia. Este es un sistema que exige conocimiento, educación y estudio. La democracia debe protegerse con esos valores, ya que de lo contrario seremos presa de populismos de izquierda o derecha. Y hay varios de aquellos ejemplos.

La semana pasada el Poder Ejecutivo envío el proyecto de Presupuesto de la Nación para el 2016 al Parlamento para iniciar su tramitación.

A nadie escapa que la economía está sufriendo la retracción en el comportamiento de ciertas variables, en un contexto donde los commodities se ven afectado negativamente. Es cierto que no se trata de una situación que afecte solo a Chile, y para confirmarlo solo basta mirar lo que sucede en los países de la región.

Al hacer este reconocimiento, se corre el riesgo de ponerse en el lugar de una víctima de los hechos y no es lo que debe sucedernos. Así lo ha entendido el Gobierno y así lo hemos entendido nosotros para nuestra Región.

Siguiendo la línea propuesta por el Gobierno Central, hemos elaborado nuestro Presupuesto conscientes que es la herramienta fundamental para llevar a cabo las transformaciones que espera la ciudadanía.

La responsabilidad en la gestión que todo dirigente debe asumir comienza por una lectura correcta de la realidad; y esta nos marca que llegó un tiempo de prudencia en el manejo de la cosa pública, teniendo la mira puesta en realizar los cambios en los que creemos y que se comprometieron.

Así, construimos un presupuesto pensando en los ciudadanos y sus familias, en la educación, en la salud y también en la dinamización del sector privado, al fin y al cabo, el encargado de crear trabajo.

No puedo controlar el viento, pero puedo manejar las velas. Quizás James Dean tenía razón.