El aumento y la gestión de las licencias médicas es un problema sin resolver en el país y donde el aumento de las solicitudes por enfermedades respiratorias, mentales y osteomusculares son las que prevalecen en los últimos años.
Según la Superintendencia de Salud, el año 2014 fueron solicitadas 26.233 licencias médicas en Tarapacá.
Casi el 25% de las licencias médicas que se tramitan en la Región de Tarapacá corresponden a las enfermedades de trastornos mentales y del comportamiento.
Son los trabajadores de los rubros servicios y mineros, son quienes más solicitan licencias médicas llegando al 53.47% del total regional (7.070 y 6.959, respectivamente).
Las licencias médicas aumentaron un 9,6% a nivel nacional y de acuerdo a los datos entregados, en Fonasa el 91% fueron autorizadas, el 2% se redujo y el 6% fueron rechazadas, mientras que en los cotizantes de isapre, las autorizadas alcanzaron el 76%, el 11% se redujo y 13% se rechazó.
Si bien no existe una cifra de rechazo alarmante cuando se evalúa la generalidad de las enfermedades, el sistema actual sufre cuestionamientos porque la ley les otorga a las isapres un doble papel, el de ser juez y parte al evaluar la justificación de un permiso.
La justificación para esta norma tiene un carácter histórico, ya que al iniciarse el sistema de licencias, mucho antes de que existieran las isapres, se resolvió que para controlar mejor los escasos dineros de que se disponía, la propia organización de salud debía ser la encargada de financiarlas.
En los últimos años esto ha significado aumentos de gastos en Fonasa (11.4% en 2014) y tensiones en las isapres que pareciera conveniente crear una nueva institucionalidad.
Hace algún tiempo se propuso separar la administración de los subsidios por enfermedad de la administración de salud, dejándolas en manos de compañías aseguradoras reguladas y supervisadas por una autoridad que efectivamente controle a los médicos que certifican las enfermedades y a las instituciones que las pagan.