La construcción en altura en Iquique, en los últimos treinta años ha hecho proliferar los condominios y con ello la contratación de administradores que se encarguen de mantener en orden todos los requerimientos de una vida en comunidad.

Sin embargo esta tarea, en varios casos ha estado alejada de ese objetivo. Constantemente los juzgados de policía local están recibiendo denuncias debido a las supuestas irregularidades que tienen origen en las responsabilidades de estos administradores.

Los delitos que estos cometen, nacen principalmente de la desidia de los mismos residentes, quienes por la escasa organización no realizan auditorías frecuentes ni fiscalizaciones a quienes contratan, pero también por la confianza.

En este sentido, quienes se ven envueltos en este tipo de acusaciones no son delincuentes habituales, sino más bien que ven la oportunidad al manejar recursos que no tienen el debido control. Además en muchas ocasiones son recomendados por los mismos residentes, sin un proceso profesional de reclutamiento.

Las principales irregularidades son apreciadas con el alza en los costos de los gastos comunes, no reflejados en mejoras en las áreas comunes o seguridad de los conjuntos habitacionales, cuando no se hace el pago de las cotizaciones de los trabajadores o cuando no cuentan con el debido respaldo de obras que se ejecutan.

Las sumas que se defraudan pueden ir desde un millón de pesos a más de $100 millones cuando se trata de mayor número de residentes en el conjunto habitacional, en ocasiones estas irregularidades pueden ser peligrosas, cuando se dejan de hacer mantenciones en ascensores o en piscinas.

Existe la necesidad de generar las instancias para mantener un control más acertado de quienes se encargan de estas tareas en determinada residencia, lo que implica sobre todo exigir experiencia, recomendaciones anteriores y antecedentes financieros a quienes desempeñan esta labor, además de fiscalizaciones y auditorías constantes para poder reducir al mínimo los riesgos.

El cuarto punto que define los requisitos para acceder a la gratuidad, como es el desarrollo de la "participación interna", vislumbra un panorama desafiante, para todas aquellas instituciones de educación superior de carácter público y estatal, permitiéndonos a través de esta imposición, poder definir, con un sentido identitario, como desarrollamos nuestro plantel universitario, dejando atrás el rígido marco centralista, heredado luego de los cambios ejercidos en 1981.

Si bien este elemento escapa a los tres requerimientos que establece el Ministerio de Educación, como no crecer en más de un 2,7% de estudiantes nuevos matriculados, no tener fines de lucro y alcanzar una acreditación por cuatro años, representa para nuestra Universidad un desafío de alcance mayor, que permite profundizar nuestra labor educadora con orientación laica y que busca el bien público.

Lo que otros centros ven como una amenaza a su autonomía, nosotros la percibimos como una oportunidad histórica, que nos permitirá decidir con una mirada regional y descentralizada, lo que queremos como Universidad, frente a la ciudadanía.

Tal como lo estableció la Presidenta Michelle Bachelet, el pasado martes a través de cadena nacional, el contar con una participación interna real, obliga a incorporarse a una nueva lógica en la orgánica de las estructuras administrativas, que obviamente debe ser impulsado por el Estado, a través de un marco legal, que luego permita aplicarse en todas las universidades.

Sin excluir los anteriores puntos, vinculados al debate sobre recursos, financiamiento y calidad, donde como Unap estamos expectantes y preocupados por las vicisitudes y presiones de los grupos de interés, creemos que una sociedad, más empoderada y con capacidad de vincularse con las decisiones, engrandecen en un mediano plazo al desarrollo de Tarapacá.

Hoy iniciamos un proceso eleccionario, que permitirá a través de la participación de sus académicos, definir los destinos de este plantel, permitiendo ubicar a la Unap como un actor regional que fomenta la educación cívica.