Hasta el año 2013 el curse de créditos hipotecarios en un 100% o 90% era algo habitual, dado que nuestra economía crecía por sobre el 4% y existía un boom inmobiliario ligado al llamado superciclo de los commodities. Las tasas de interés de estos créditos post crisis sub prime también se mantuvieron atractivas. Tres dimensiones fueron cruciales: alto monto otorgado, interés bajo y largo plazo, explican cómo miles de familias chilenas que no contaban con el ahorro suficiente para comprar al contado, accedieran a la vivienda propia, haciendo uso a su vez o no, de subsidios habitacionales.

En enero de 2016 entrará en vigencia una nueva norma que impulsó la Superintendencia de Bancos (Sbif), que incrementa las provisiones por riesgo de crédito, y cuyo principal efecto es sobre el ratio Loan to Value (Relación entre el crédito y la garantía). En palabras simples, el banco deberá prestar menos dinero que el valor de la garantía, que es generalmente, la propiedad que se compra. Este monto menor, girará alrededor del 80% del valor de la propiedad, obligando a las personas a pagar directamente el pie del 20% haciendo uso de su ahorro o endeudándose con el vendedor o una institución financiera. En corto, las familias necesitarán más años para ahorrar ese pie, mientras destinan parte de su dinero a arrendar.

Esta medida tiene dos lecturas, por una parte, un segmento de la población ya no podrá obtener un crédito hipotecario; y las colocaciones hipotecarias bajarán a partir de 2016. Por otro lado, hay quienes sostienen que esta medida es saludable ya que busca bajar el riesgo de la banca y el nivel de endeudamiento de las personas. Cómo si las personas consideraran que endeudarse por unas vacaciones o un automóvil es lo mismo que contraer una deuda para comprar la vivienda propia.

Lamentablemente llama la atención la poco feliz convergencia entre esta medida que restringe los créditos hipotecarios y el aumento del valor de las viviendas, debido a la aplicación de nuevos impuestos (IVA).

La desaparición de José Vergara dio cuenta de un procedimiento irregular efectuado por personal de Carabineros, desencadenando una serie de cuestionamientos y acciones judiciales respecto a la labor de la policía uniformada.

Si bien la institución ordenó la desvinculación de los cuatro funcionarios involucrados en el hecho, la medida se materializó solo 20 días después de que el joven afectado de esquizofrenia fuera abandonado en un sector despoblado de la comuna de Alto Hospicio, situación que genera cuestionamientos sobre las acciones que se adoptaron desde un principio para determinar su paradero.

Pese a las intensas diligencias que han desarrollado los organismos policiales, la Fiscalía Militar y ahora el Ministerio Público, lo cierto es que José Vergara continúa desaparecido y sin que se conozca rastro alguno de su ubicación.

Ante un hecho de tal gravedad, es importante que se realicen todas las acciones tendientes a ubicar al hospiciano y establecer qué fue lo que efectivamente ocurrió el 13 de septiembre luego que, como han declarado los excarabineros involucrados, el joven de 22 años fuera abandonado y a su suerte en un sector de la carretera que se ubica en las cercanías de la cárcel.

Es indispensable, también, que Carabineros disponga una exhaustiva indagación interna y revise cada uno de sus procedimientos, toda vez que se trata de un hecho que en nada contribuye a una institución que a lo largo de la historia se ha ganado la completa confianza de la ciudadanía.

Es evidente que la familia de José Antonio Vergara y la comunidad tarapaqueña necesitan y exigen respuestas concretas, sobre todo si se considera que la comuna de Alto Hospicio arrastró durante décadas el estigma de autoridades que hicieron vista gorda a la desaparición de personas, situación que finalizó en uno de los más terribles crímenes conocidos en el país.