El 30 de abril de 2011 el Gobierno de Sebastián Piñera lanzaba el Plan Estadio Seguro, bajo la promesa de "recuperar los estadios como lugar de sana recreación y esparcimiento para las familias y los verdaderos hinchas del fútbol".
Sin embargo, el plan que buscaba la implementación de la ley de violencia en los estadios y promover el retorno de la familia a los recintos deportivos del país no ha logrado su objetivo.
Según informó El Mercurio, la media de asistencia en este torneo registra una baja de aproximadamente 800 espectadores por encuentro y el promedio no alcanza a los cinco mil hinchas.
Por un lado, se deja a cargo de las gobernaciones e intendencias determinar el aforo para cada encuentro y estas a su vez restringen las capacidades de los estadios muy por debajo de la real, lo que además de no haber demostrado su efectividad habla de una incapacidad para generar un plan de seguridad serio.
Pese a ello es claro que son muchos los factores que llevaron a una baja en la asistencia, entre los que se cuentan los horarios de programación para los partidos, que solo benefician su transmisión televisiva, altos precios de las entradas y, sobre todo, las barras bravas y los desmanes e inseguridad que estas provocan.
Es necesario que el Plan Estadio Seguro sufra una actualización urgente, que ataque en forma focalizada a quienes dañan el espectáculo y que no signifique que el resto del público sufra incomodidades por medidas fuera de foco generadas por instituciones que no cuentan con el personal idóneo para certificar la seguridad de un espectáculo.
Todo el plan realizado para el superclásico -con 402 guardias privados, 32 cámaras de seguridad y restricciones para fanáticos con camisetas de la U- no aseguró la erradicación de los incidentes.
Ahora este cuestionado plan privó a Deportes Iquique de jugar en calidad de local ante Universidad de Chile, duelo que fue trasladado a Valparaíso con el evidente costo deportivo que ello implica.
Hoy es necesario que se revisen las medidas y que se sancione de manera efectiva a quienes concurren a los recintos deportivos con la única intención de generar violencia, sin que todos paguen las consecuencias de un tema que las autoridades no han logrado resolver.