Mauricio Torres Paredes
Tal como lo acordó la Comisión Fiscalizadora del Consejo Regional a mediados de diciembre de 2015, se concretó la reunión entre el Core, representado por el consejero independiente Felipe Rojas, y el Ministerio Público, liderado por el fiscal regional subrogante Gonzalo Guerrero.
El fiscal de Tarapacá ofició al presidente del Core, el DC Richard Godoy, definiendo el estado de las investigaciones que preocupan al Consejo, entre ellas, la ejecución de dineros desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr).
El texto identifica once proyectos, entre ellos, lo ocurrido con la ejecución de la iniciativa "Primeras Olimpíadas Mixtas del Borde Costero", adjudicada a la Junta de Vecinos de Chanavaya, indagatoria que está actualmente a cargo del fiscal Eduardo Ríos, quien también lleva la investigación en torno a la pérdida de equipos de rayos X en el proyecto "Adquisición Equipamiento para la Facultad de Ciencias de la Salud" de la Universidad Arturo Prat.
Otras iniciativas están a cargo de los persecutores Juan Zepeda, quien lleva las indagatorias en torno a la ejecución de "Vivo libre, Vivo sin drogas", de la Asociación de Fútbol Junior Penecas, y Hardy Torres, quien sigue el robo de equipamiento desde un contenedor de caleta Chanavayita, relacionado al proyecto "Construcción Sistema de Alarmas de Tsunami, Región de Tarapacá".
Archivados
La mayoría de los proyectos que preocupa al Core están archivados provisionalmente, y tienen relación, según Fiscalía, con delitos que no han podido ser aclarados dada la falta de antecedentes.
Entre estos se encuentra la sustracción de ocho computadores desde las dependencias del Liceo Bicentenario Santa María, un incendio y un robo que afectó al proyecto "Adquisición de Equipos para Sistema de Radiocomunicaciones VHF Digital y HF Respaldo para Red de Emergencia y Catástrofe en la Región de Tarapacá", el robo de nueve viviendas de emergencia ubicadas en calles Tamarugal y Laonzana en Iquique, la sustracción de elementos desde las islas de seguridad de caletas Ñajo y Yape, y de un notebook desde el Departamento Jurídico del Gobierno Regional de Tarapacá.
"Fue una reunión provechosa. El Ministerio Público está receptivo a recibir antecedentes adicionales para que se esclarezca la administración de fondos públicos, aunque sea uno, dos, tres, cinco millones. Son platas que deben ser rendidas como es debido. Veremos si cabe la posibilidad de reabrir algunos proyectos que están archivados provisionalmente. La mayoría son bien ejecutados, pero otros no, tienen vicios", manifestó el core Felipe Rojas.