Leo Riquelme - Medios Regionales
Por ocho votos contra dos -de parlamentarios socialistas-, la comisión mixta del Congreso aprobó ayer el articulado relacionado con el control de identidad, parte de la agenda corta antidelincuencia impulsada por el Gobierno. Éste le introdujo una serie de modificaciones al proyecto original para conseguir el apoyo principalmente de los partidos oficialistas.
La iniciativa excluyó la posibilidad de las policías de solicitarle la documentación a menores de edad, como demandaban organizaciones promotoras de los derechos humanos e infancia, que recordaban que las personas de menos de 18 años en Chile ni siquiera están obligadas a tener cédula de identidad.
Además, se incluyó una indicación que señala que si el agente policial tiene dudas respecto a la edad de la persona, deberá entenderse que es menor de edad.
También se redujo de cuatro a sólo una hora el tiempo máximo de retención al que podrá someter Carabineros o la PDI a una persona hasta que aclare su identidad.
Finalmente, se estableció que el control deberá efectuarse por medios tecnológicos en la vía pública, y sólo podrá ser llevado a una unidad policial aquel que se oponga a realizarse el trámite.
Instituciones como el Centro de Estudios Públicos (CEP) habían expresado en las últimas semanas su rechazo a la iniciativa, pues ponen en duda su efectividad y temen que se preste para discriminación.
Ayer, al justificar su voto en contra, el senador PS Alfonso de Urresti dijo que la realización del control de identidad por medios tecnológicos en terreno significará una discriminación para las comunas rurales, donde Carabineros no cuenta con dispositivos ni cobertura de red.
"Es cierto que el proyecto fue morigerado, pero sigue vulnerando derechos fundamentales, como el derecho a la libre circulación. (...) Yo creo que el combate a la delincuencia no va por esta vía", dijo.
Defensa del proyecto
"Hemos sido responsables en un tema de preocupación de la gente. A la gente tenemos que darle señales (...) y esto entrega garantías", declaró agradecida por el amplio apoyo que tuvieron las modificaciones la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a la salida de la votación.
El presidente de la comisión, Pedro Araya, aseguró que el proyecto "respeta los derechos de las personas" y a la vez "le otorga facultades a las policías para actuar frente a la delincuencia". Asimismo, recordó que la ley aumentará las exigencias para que los condenados por robos violentos puedan acceder a la libertad condicional.
El senador Alberto Espina aplaudió la aprobación en general, sin embargo, lamentó la exclusión de los menores. A su juicio, habría permitido identificar a los 18 mil jóvenes que han participado en delitos y someterlos al proceso de reinserción social.
