Nuestro país, que se acerca a celebrar los 200 años de la Declaración de la Independencia Nacional (1818), tiene el funesto "honor" de ocupar el primer lugar de consumo excesivo de bebidas alcohólicas en Latinoamérica. Así se demuestra el fracaso de cualquier política para enfrentar ese problema. Los que ganan son los productores de esas bebidas, como también los que las expenden. Magnífico negocio para estos, pero pésimo para el país.

La renuncia obligada del director nacional de Senda, encargado de esa lamentable situación, con motivo de una propuesta de 60 medidas al respecto, al parecer causaron nerviosismo en las altas esferas por los siempre cálculos políticos sobre los efectos de esas medidas.

Muchísimos años demoró la tramitación legislativa de la actual Ley de Alcoholes. En menos tiempo puede el Congreso Nacional despachar una conveniente modificación de esa normativa en relación a la prevención, rehabilitación, en especial, si hay verdadera voluntad política de un Gobierno y el poder Legislativo.

La cuestionada clase política debe tomar la patriótica decisión de enfrentar decididamente, cueste lo que cueste, el problema del consumo excesivo de alcohol. Nadie puede pretender eliminarlo, pero sí disminuirlo significativamente. Debe imponerse la temperancia sobre la intemperancia. Sería un largo proceso en vista de esa llamada cultura pro alcohólica en nuestro país. De lo contrario seguirán los prejuicios, daños y delitos originados desgraciadamente por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas.

En esa conducta está involucrada la libertad individual pero ésta no puede ser absoluta por las razones ya anotadas. Las personas tienen que someterse a las disposiciones que se dicten en materia de defensa de los intereses generales del país que están sobre los personales y sectoriales. ¿Cuáles pesan más, coloquémoslos en una balanza para ver hacia que lado se inclina?

Preguntas

Muchas veces nos hacemos o hacemos preguntas que parecen absurdas, pero que en la realidad no lo son tanto. Todo depende del grado de conocimiento que se tenga sobre la materia.

En relación con las pasadas y futuras elecciones me hago la siguiente

pregunta: ¿Qué pasaría si a una mesa que aún no se ha constituido llega un ministro, un parlamentario o un candidato a sufragar?, ¿se le obligaría a ser parte de ella ?, ¿se le detendría por no aceptar quedarse?, ¿se aplicaría la ley o se apelaría al criterio?

Jorge Valenzuela Araya

Mario Zolezzi Velásquez