Ximena Araya Monroy
A principios de abril el consejero Espártago Ferrari, junto a su par José Lagos, pidieron un pronunciamiento a Contraloría para aclarar sus dudas con respecto a la adquisición de dos lotes en Pedro Prado con Sotomayor por un monto de $2.300 millones, para construir un nuevo edificio de la Onemi.
Dicha solicitud tuvo respuesta, ya que se iniciará un proceso sumarial a través de la resolución exenta N° 79 del 25 de abril.
Algo que destacó Ferrari, quien señaló, "la Contraloría en atención a los antecedentes que presentamos, estimó que hay mérito para iniciar un sumario, primero por todas las etapas incorrectas del proceso", insistiendo que al emitirse los cheques para la compra del terreno aparece como pagado con lo cual a su juicio se vulnerara el proceso administrativo.
Consultado el Gobierno Regional, informaron desde su equipo de comunicaciones, que con fecha 31 de marzo de 2017, el Gobierno Regional de Tarapacá "ingresó a la Contraloría Regional un oficio reservado mediante el cual la autoridad solicitó el inicio de un proceso sumarial, a fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas originadas luego de que ese organismo de control no diera curso a los contratos de compraventa de los mencionados terrenos".
Este oficio fue contestado el pasado 2 de mayo, mediante el oficio 2158, en el cual se informa a este servicio que la Contraloría acogía lo solicitado y que determinaba, "procedente" iniciar un proceso sumarial, de acuerdo a la misma resolución exenta de los consejeros.
Medida que cuestionó el core Ferrari, ya que indicó que la presentación de la intendenta fue posterior a su acción. "Busca hacer responsables a los funcionarios de una decisión que ella adoptó", remarcó.
La Protectora
El consejero fue más allá, ya que propuso que se desista del contrato y se destinen esos recursos a la compra de un inmueble patrimonial.
"Esos recursos que están involucrados podemos canalizarlos perfectamente a la compra del edificio que está al lado del Teatro (La Protectora) como un gesto para ciudad. Sería bien visto desechar este contrato y estos recursos canalizarlos y comprar esa propiedad", dijo el consejero, cuyo propósito sería darle un uso artístico, convirtiéndolo en un centro cultural, galería, teatro o museo.
En efecto, hace un par de semanas, se conoció la decisión de la Sociedad Protectora de Empleados de Tarapacá de vender esta propiedad en cerca de 1.300 millones, debido a que al tratarse de un inmueble patrimonial su mantención reviste un alto costo.
Al tratarse de un monumento nacional, su uso y eventuales modificaciones serán regulados por el Consejo de Monumentos Nacionales.
1.300 millones es el valor del edificio patrimonial que tiene más de 100 años de historia.