Intendenta da pie atrás en compra de terreno para edificio
La jefa regional presentó además una denuncia para indagar pagos a cores.
La intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas, busca deshacer la adquisición de dos terrenos para las nuevas dependencias del gobierno regional y la Oficina Nacional de Emergencias ubicados en Salvador Allende, entre Serrano y Sotomayor.
El hecho pondría fin a un conflicto que ha generado distintas posturas. Mientras en un inicio la propia jefa regional determinó realizar una nueva tasación ante el alto costo de los lotes (en total ambos fueron valorizados en $2.362 millones), una vez concretado el trámite, los consejeros regionales denunciaron irregularidades en Contraloría.
En una reunión el pasado jueves en su oficina en la Intendencia, la autoridad le informó las novedades a los cores.
"Me consultaron sobre la compra y les comenté que estos días probablemente esté lista la resciliación (que deja sin efecto un acuerdo con el consentimiento de ambas partes) del contrato de compra venta para firmarla en notaría", dijo Rojas.
El core Espártago Ferrari, que llevó el tema a Contraloría junto a su par José Lagos, criticó a la intendenta por no solicitar los antecedentes mínimos pues aseguró que "hubo tantos errores administrativos e infortunios en el proceso que en definitiva no se podía comprar. El propio Ministerio de Vivienda dijo que no es recomendable construir ahí (pues exige urbanizar). Se habría pagado un terreno en el cual no se podía cumplir el propósito del proyecto".
En tanto, el consejero Rubén Berríos, quien cotizó terrenos para el edificio junto a sus colegas Iván Pérez y Jorge Zavala, expresó que tras la reunión "quedamos tranquilos porque en definitiva la compra no se va a realizar".
Fiscalía
Pero hubo otra noticia que la intendenta tenía para los cores. Rojas anunció que presentó una denuncia en Fiscalía por el presunto pago a consejeros regionales a cambio de aprobar la compra del terreno.
"Se ha comentado que supuestamente habrían algunos consejeros involucrados en situaciones aparentemente irregulares. Como funcionaria pública tengo la obligación, si tomo conocimiento de alguna situación de esta naturaleza, de efectuar las denuncias", expresó.
La acusación nació a raíz de un supuesto episodio ocurrido en dependencias de la Intendencia en playa Bellavista, hasta donde habría llegado el dueño de uno de los lotes a pedir explicaciones por el retraso en la transacción de los mismos. Ferrari y Berríos coincidieron en que ese escenario está en la esfera del rumor, pero que es necesario aclararlo por el bien del actual consejo.
"Para salvaguardar la honra de todos los consejeros se pide una investigación. Que quede transparentado ante la opinión pública si hubo o no situaciones de corrupción", expresó Ferrari.
Berríos se sumó y pidió indagar si son ciertos o no los rumores "de alguna regalía que habrían recibido algunos cores".