Carlos Luz Aguilera
Con la presencia del fiscal nacional, Jorge Abbott, y de autoridades de la región, como el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, el fiscal regional, Raúl Arancibia, expuso datos sobre la labor del Ministerio Público de Tarapacá en 2017. Dijo, por ejemplo, que en un año el organismo recibió 35.413 denuncias, un 4,3% más que en 2016, en que hubo 33.935 casos ingresados.
Los principales delitos denunciados el año pasado fueron los robos violentos y no violentos, las lesiones, los relacionados a la Ley de Tránsito, las amenazas y los hurtos.
El fiscal Arancibia, de todos modos, hizo un llamado a la comunidad a seguir renovando su confianza con la institución: "Quiero invitarlos a participar activamente de la persecución penal, ya sea denunciando, prestando declaración como testigo o facilitando a otros los medios para concurrir a denunciar o declarar, ya que la participación ciudadana es la mejor arma en esta lucha".
Condenas
El persecutor, además, destacó las 9.078 condenas de 2017, las que representan el 27,13% de los términos con una solución al conflicto penal. Porcentaje que está por encima del promedio nacional, que es de 14,5%, y corresponde al más alto del país.
Ayer, este número de condenas fue resaltado más de una vez por la fiscalía, y toma mayor relevancia para el organismo persecutor al compararse con el total de condenas de 2016 (8.815).
Hay, en tanto, una diferencia de 263 sentencias condenatorias entre un año y otro.
Arancibia se refirió, también, a las 7 mil 450 audiencias de control de detención que se realizaron en 2017, en los tribunales de Tarapacá, de las cuales el 64% de los imputados recibió una condena.
El promedio nacional, en cambio, es de 37,6%. "Esto da cuenta que el trabajo realizado en materia de primeras diligencias ha permitido tener un mayor número de condenas en casos de flagrancia", dice.
En 2016 se realizaron 7.590 audiencias de control de detención, lográndose un 60% de condenas.
Dificultades
El fiscal regional confesó, sin embargo, que el aumento de las condenas no ha sido una tarea fácil por la desproporción entre la cantidad de fiscales y lo que demandan los tribunales.
"A los 14 fiscales adjuntos de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte se les hace casi imposible cubrir todas las salas que funcionan a diario en los juzgados de garantía de la región, así como los ocho juicios orales que se realizan todos los días", explica.
Añade que "no han sido suficientes los cambios legislativos que permiten a los abogados asistentes asistir a algunas de las audiencias, obligándonos a distraer de sus funciones a fiscales del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) para que asistan a aquellas audiencias que no podemos cubrir".
9.078 sentencias condenatorias hubo en el año 2017, 263 más que en 2016, según informó ayer el Ministerio Público.