Mariela Cabello Venegas
En el marco del encuentro de la comunidad de laicos y laicas de Iquique, el vocero de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, se refirió al trabajo que desarrollaron en su ciudad, entre el 2015 y 2018, para tomar conciencia que pese a los escándalos de abusos sexuales que ha propiciado la jerarquía eclesiástica, la Iglesia si tiene una buena noticia que entregar.
-¿Cómo fue su trabajo para la salida del exobispo Juan Barros?
-Lo que hicimos en Osorno no es una experiencia de un arrebato sino que el ejercicio de una toma de consciencia bien profunda. De comprender que la iglesia tiene un mensaje que transmitir, una buena noticia, pero esa buena noticia se ve enturbiada en virtud de los escándalos que la jerarquía ha propiciado y que ha mantenido impune.
-¿Saliendo él y otros de la jerarquía se solucionarían los problemas?
-Hay un sentido de urgencia, que hay que comprender que el problema se soluciona solo sacando a los obispos, porque es muy fácil creer que esto puede ser una caza de brujas, en consideración que hay todo un entramado sistémico que permite que la iglesia sea un caldo de cultivo de abusos sexuales, de manipulación de consciencia, abusos de poder, etc.
-¿Cómo se desarma este entramado sistémico?
-Hay tres vías, un aporte de la iglesia, el aporte de la sociedad civil y el aporte del Estado.
-¿Cómo debe aportar la iglesia?
-Con nuevas eclesiologías que es un asunto más teológico, también cambios institucionales, si se revisa el artículo 1717 en adelante del derecho canónico, se encuentran las normas del derecho penal y ahí hay irregularidades que rayan en derechos humanos y con la constitución que tenemos aquí en Chile.
-¿Por ejemplo?
-Está ocurriendo de que la iglesia institucional mandata a los obispos que sean ellos los que determinen si es creíble o no una denuncia. Lo mismo ocurre con el uso del secreto. Si se revisa el artículo de notarios o archiveros y cancilleres, va a reconocer que el derecho canónico dice que todas las causas que van a provocar deshonra a la iglesia, casos de abuso, deben quedar guardados en un archivo secreto diocesano. Ese archivo existe en cada diócesis y en ese archivo se guardan casos de denuncia, sacerdotes que han sido sancionados, pero que no se han comunicado a las comunidades. El artículo del archivo secreto mandata que todos los años se tienen que ir destruyendo el expediente, entonces en la práctica si fiscalía quiere hacer una revisión histórica incautando documentos, va simplemente a encontrar un resumen y no todos los expedientes con las pruebas rendidas en juicio.
-¿Y la sociedad civil y el Estado?
-La sociedad civil debe ayudar a tomar consciencia para comprender que el problema del abuso es grave y muy grave en los niños, pero no solo está focalizado en los niños. Esa dinámica del abuso de poder se basa en contextos asimétricos. Del abuso sexual no estamos libres si el sacerdote está en una superioridad sobre el laico. El estado nos puede ayudar estableciendo la imprescriptibilidad de los abusos sexuales, una víctima puede demorar 26 años en poder hablar. (Además), el artículo 175 del código procesal penal indica que quienes están obligados a denunciar son en parte funcionarios públicos, profesores, dueños de puertos, y por qué no aparecen cargos de responsabilidad en contextos eclesiales, no solo católicos.