Amenazó a un peatón con un arma de fuego
El responsable fue detenido por Carabineros posterior a una denuncia telefónica
Apuntaba a su víctima con un revólver calibre 32, sin imaginar que estaba siendo visto por un vecino. Dicha acción bastó para que el testigo de un presunto asalto llamara a Carabineros, que finalmente detuvo al responsable del acto, siendo acusado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.
Los hechos de la formalización del sindicado fueron narrados, ayer, en audiencia de control de detención por el fiscal Juan Zepeda, quien manifestó que el acontecimiento sucedió cerca de las 20 horas de la noche del miércoles pasado, "cuando dos sujetos portando presuntas armas de fuego, intimidaron a un tercero en calle Céspedes y González con Colo Colo".
De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público, el ilícito cometido fue reportado por una llamada anónima al personal de la Central de Comunicaciones de Carabineros, que alertaron a funcionarios que patrullaban.
Una vez ubicados por las cámaras, los dos hombres fueron abordados por uniformados, quienes no lograron tomar contacto con el afectado que decidió huir en carrera al notar el armamento en las manos de los sindicados, no concretándose el robo.
Al ser controlados, personal policial se percató de que una de las armas era de a fogueo, mientras que el imputado mantenía un revólver posteriormente determinado como apto para el disparo, según informe del Laboratorio de Criminalística (Labocar).
La defensa del imputado de iniciales M.M.A.T., de 22 años de edad, alegó ilegalidad de la detención, haciendo alusión a un fallo de la Corte Suprema donde se hace mención a las detenciones efectuadas por llamadas anónimas.
El juez de Garantía Leonardo Valdivieso desestimó los dichos de la abogada Paulina Aracena, considerando como suficientes los antecedentes expuestos por el parte de Carabineros, incluido en la carpeta investigativa del Ministerio Público.
El fiscal Zepeda solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar la libertad del formalizado como un peligro para la seguridad de la sociedad, medida aceptada por el tribunal quien fijó un plazo para las investigaciones de 60 días.