EDITORIAL
Aula Segura
El proyecto de ley denominado Aula Segura, que hace pocos días anunció el Presidente Sebastián Piñera y que busca agilizar las sanciones, particularmente la expulsión a los estudiantes que incurren en actos graves de violencia, ha levantado la discusión respecto a la mejor forma de abordar el problema.
El proyecto define que un procedimiento simplificado de expulsión podrá aplicarse en el caso de uso, posesión, tenencia y almacenaje de algunos tipos de armas y de artefactos incendiarios, explosivos, y de características similares, como bombas molotov. Además, si hay agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
Las dudas en primer momento surgen respecto a que si una iniciativa de esta naturaleza resguarda un debido proceso para aquellos estudiantes que sean acusados por estos hechos, sobre todo porque ya existen herramientas como la expulsión dentro de los reglamentos internos de los establecimientos educacionales.
En este sentido, tanto agrupaciones de estudiantes, profesores y apoderados han criticado la iniciativa, principalmente porque sería más efectista que real respecto a solucionar la violencia al interior de los planteles y no solucionaría de fondo.
Si bien es cierto que hechos de violencia se han tomado varios planteles, sobre todo en manifestaciones, son principalmente en la región Metropolitana, realidad muy diferente a la del resto del país, como en la Región de Tarapacá, donde las tomas de establecimientos no han llegado ni a niveles cercanos de lo que vemos en la capital.
Independiente de la validez del proyecto, es importante resolver el problema con medidas más de fondo, puesto que la expulsión de un estudiante no soluciona el problema, sino que lo traslada a otro establecimiento.
El Chile la educación es un derecho, donde incluso los responsables de los menores tienen obligación de que se cumpla, por tanto, es importante apuntar a que el problema se resuelva en conjunto con los apoderados, donde estos sean finalmente los responsables y quienes estén sujetos a las sanciones. No se puede trasladar la responsabilidad a los estudiantes cuando estas conductas nacen en el seno de la sociedad y principalmente de los hogares.
"Independiente de la validez del proyecto, es importante resolver el problema con medidas más de fondo".