Superintendencias
Las superintendencias son organismos fiscalizadores del Estado de determinadas actividades económicas o servicios públicos. Son autónomas y poseen personalidad jurídica de derecho público. Pueden dictar normas obligatorias para los sectores que fiscalizan, conocidas como circulares. No son controladas por otras autoridades, sin embargo sus decisiones pueden ser revisadas por los tribunales de justicia.
Sin obviar que estas instituciones mediáticas han sido creadas a fin de evitar la concurrencia de las personas que tuvieren o no recursos propios para interponer demandas y/o denuncias en lo civil y/o querellas en lo penal; pero no han podido ni podrían reemplazar el ejercicio constitucional de los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial.
Por ello, este gobierno y/o los parlamentarios deberían promover un proyecto de ley para convertirlas en tribunales de salud, vivienda, educación, previsión, comercio y servicios, entre otros; para que el Estado de oficio se haga parte de las causas en lo civil y/o penal de quienes no tienen recursos propios para interponer denuncias, demandas y/o querellas en contra de las personas naturales o jurídicas que vulneran los derechos de los ciudadanos. Incluyendo el Presidente, sus ministros y subsecretarios, secretarios regionales, directores y jefes de servicios, ya sean del gobierno de turno u el anterior y/o funcionarios de planta o a contrata; y también los parlamentarios activos o pasivos.
No olvidemos que los gobiernos, sus funcionarios y parlamentarios pasan, pero el Estado permanece. Así tendríamos una mejor justicia.
La Haya... en versión "sudaca"
Dado que una vez más, un grupo de jueces, en su mayoría del otro lado del mundo, dictaminarán sobre la manera que tendremos de relacionarnos bolivianos y chilenos ante una disputa territorial, es bueno reflexionar.
Es hora que Latinoamérica se ponga pantalones largos y resuelva sus entredichos por sí misma y no continúe atada a decisiones de personas tan ajenas a nuestras idiosincrasias y con costos altísimos para sus escuálidas economías.
Y preguntarnos... ¿Aceptarían Inglaterra y España (Peñón de Gibraltar), Rusia y Crimea (Territorios), España y Portugal (por Municipios de Olivenza y Táliga), Inglaterra y Chipre (por las bases Acrotiri y Dhekelia) y otras tantas viejas disputas entre países europeos para que sean vistas y resueltas por una Corte con jueces latinoamericanos? …. ¿Ud. qué piensa?
Luis Enrique Soler Milla
Roberto Cisternas Contreras