Hace pocas semanas fuimos testigos de un secuestro frustrado, que terminó con una persona herida a bala, acto ejecutado por un grupo de personas que se dio la molestia de seguir a la víctima y, a plena luz del día, en uno de los puntos más concurridos de la ciudad, procedió a balearlo ante la resistencia de la víctima para evitar ser subida a uno de los vehículos de los victimarios.
Luego de 24 horas, de acuerdo a la versión de la policía, se logró la captura de dos personas que "posiblemente" se encontraban involucradas en el hecho.
Preliminarmente, la policía hizo circular los antecedentes policiales de la víctima. Lo anterior, como si sus antecedentes dieran derecho a explicar cómo en Iquique, una persona puede ser secuestrada y eventualmente ser asesinada a vista y paciencia de todos.
¿Qué lecciones se pueden extraer de este episodio? Que en Tarapacá se puede secuestrar y asesinar, simplemente porque se puede.
No es que la opinión pública no sepa de otros casos similares acontecidos con anterioridad. Lo preocupante es que este tipo de hechos se vuelve la regla, ante la ineficiencia del actuar policial y de la propia Fiscalía en sus investigaciones.
Sobre la preocupación del gobierno por esta materia, solo podemos decir: bien gracias!!
No existe versión oficial sobre medidas a adoptar por parte del intendente regional, el gobernador provincial o el encargado de seguridad publica de la Intendencia regional, demostrando la misma ineptitud que se ha demostrado en el abordaje de otras problemáticas regionales.
Cabe recordar que la Fiscalía implemento el año 2017 el Sistema Regional de Análisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI, a objeto de esclarecer aquellos delitos sin imputado conocido.
Durante la cuenta pública de la Fiscalía, pudimos darnos cuenta del magro desempeño de dicha unidad, la cual no ha logrado aumentar el esclarecimiento de casos de complejidad. Se aplica a este caso la frase: si quieres obtener resultados distintos, hay que ocupar estrategias distintas, y quizás con un nuevo equipo.
Es legítimo preguntarse entonces ¿a cuánto estamos de que el sicariato no solo afecte a personas anónimas, sino también a autoridades políticas, funcionarios policiales, funcionarios del poder judicial, periodistas y medios de comunicación etc?.
De momento, esta pregunta sigue vigente y sin respuesta.
Cristian Sagredo
