Mauricio Torres Paredes
Con una evidente incomodidad se pudo ver ayer al fiscal Eduardo Ríos luego que el juez de garantía Diego Reyes no se mostrara muy convencido de los argumentos del Ministerio Público. Ríos le insistió al magistrado precisar de mejor forma la decisión de no aceptar la solicitud de adelantar la declaración de D.L.C., una mujer de nacionalidad boliviana clave en la investigación contra los políticos locales Felipe Arenas y Javier Yaryes.
Pasadas las diez de la mañana, la Fiscalía y el querellante Matías Ramírez pidieron al Tribunal de Garantía que permitiera adelantar la declaración de D. L. C.. Los argumentos de Ramírez y Ríos apuntaban a que la mujer, que reside en Bolivia, no podría participar de un juicio oral, ya que no tiene los recursos para permanecer en Chile ni tampoco puede dejar solos por mucho tiempo a sus cinco hijos.
D.L.C. aparece como la persona que, mientras vivía en Iquique, firmaba la compra de propiedades, traspasos que, según el Ministerio Público, habrían sido supuestamente orquestados por Arenas y Yaryes para quedarse con inmuebles ajenos de forma fraudulenta.
La defensa de ambos políticos, el concejal Arenas y el core Yaryes, contra argumentó, asegurando que D.L.C. no puede declarar como testigo ya que a su vez es imputada en el mismo caso, solo que no ha sido formalizada por no estar en Chile.
Finalizadas las réplicas, el juez de garantía no dio lugar a la solicitud de la Fiscalía y el querellante, ya que manifestó su "seria duda" de que D.L.C. tenga la calidad de testigo, como lo afirma el Ministerio Público. Además, expresó que no hay imposibilidad para que la mujer pueda participar del juicio oral.
Tras terminar la audiencia, Juan García, abogado de Yaryes y Arenas, expresó que la decisión del juez "era lo que correspondía. La declaración de esta persona no procedía. El Ministerio Público la señalaba como testigo, siendo que desde las primeras instancias ha sido la principal imputada en esta causa. Era impertinente esta petición del Ministerio Público".
El abogado querellante Matías Ramírez desestimó que la decisión del tribunal sea un punto a favor de los imputados y adelantó que insistirán para que D.L.C. pueda declarar.
"Nosotros la vamos a considerar sí o sí. Habrá que determinar si se hacen las coordinaciones y existe la posibilidad de que pueda venir a un eventual juicio oral. Ella fue utilizada por los cuatro imputados para la venta ficticia de casas y el fiscal acertó en que la defensa tiene miedo de que ella declare", opinó.
25 de abril se había fijado como fecha para la prueba anticipada, la que ya no se realizará.
19.30 horas de ayer se produjo el accidente de tránsito en el kilómetro 5 de la ruta A-665.