Crónica

Tras 17 días de juicio oral la Unidad de Drogas de la Fiscalía de Tarapacá obtuvo la primera condena en la región por el delito de lavado de activos asociado al tráfico de drogas, en contra de los dos líderes de una organización criminal transnacional que operaba entre Iquique y Copiapó.

Estos acusados también fueron condenados por asociación ilícita para el tráfico de drogas junto a otros siete miembros de la banda. Esta organización internacional operaba entre Iquique y Copiapó, y quedaron al descubierto en noviembre de 2017 luego que la Policía de Investigaciones (PDI) detuviera a 11 de sus integrantes con 19 kilos de cocaína base y descubriera un laboratorio clandestino donde abultaban el narcótico.

Las indagatorias a la banda, donde figuraban ocho colombianos (cuatro mujeres), dos chilenos y una ciudadana boliviana, comenzaron en 2015, donde en otras siete incautaciones entre el 29 de septiembre de ese año y el 14 de abril de 2017, se les decomisaron otros 95 kilos de diferentes drogas.

Según acreditó la Fiscalía, la organización también se encargaba de guardar el dinero ilícito y reclutar personas para enviarlo a distintas cuentas bancarias de Colombia, generándose así el ilícito referido al lavado de activos.

En el veredicto leído ayer el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a Emilson Venegas Córdoba y Jhon Batalla Mosquera por ocho delitos de tráfico, un delito de asociación ilícita y un delito de lavado de activos.

Por la asociación ilícita también fueron condenados los acusados Yulmaría Quinto García, Emilsen Venegas Córdoba, Luis Alejandro Olcay Tabilo, Faride Hernández Cañón, Edward Izquierdo Venegas, Marco Pantoja Harnisch y Diana Trujillo Patiño. Esta última acusada además fue condenada por un tráfico de drogas, al igual que la imputada Teófila Garrado Méndez. Dos acusados relacionados a la causa terminaron absueltos.

"Es un gran resultado, producto del extenso y exhaustivo trabajo realizado por la Unidad de Drogas de nuestra Fiscalía y la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado Iquique, no sólo en lo que se refiere a la acreditación de los tráficos de droga, sino principalmente en la recopilación de prueba que diera cuenta del funcionamiento de esta organización como una asociación ilícita y las múltiples acciones desplegadas por sus líderes para ocultar o disimular el origen de todo el dinero obtenido ilegalmente", afirmó el fiscal regional, Raúl Arancibia.

La lectura de sentencia por el caso será leída el próximo 16 de junio en el mismo tribunal.

Un jubilado de 67 años, identificado por las iniciales A.C.C., fue imputado ayer por un delito de abuso sexual cometido en contra de una mujer de 22 años.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes en el interior de una micro 5, que cubre la ruta de Iquique-Alto Hospicio. El fiscal Eduardo Ríos explicó que "la víctima fue tocada por el imputado, quien metió su mano entre las divisiones de los asientos de la micro para concretar aquello".

Una vez en el control policial ubicado en la Rotonda del Pampino, la mujer solicitó detener la marcha de la máquina y denunció lo acontecido a Carabineros, quienes ejecutaron la detención en flagrancia.

La defensa, encabezada por la abogada penal público Paulina Aracena, alegó la inimputabilidad de su representando al no mantener antecedentes penales y no estar claras las circunstancias del ilícito.

Sin embargo, la Fiscalía indicó que el imputado mantiene anotaciones por dos hechos similares. El imputado quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

En prisión preventiva por considerarse su libertad como un peligro para la seguridad de la sociedad quedó un hombre boliviano de 36 años de edad, identificado por las iniciales R.P.R.

El imputado fue descubierto en la avanzada aduanera de El Loa con 86 ovoides en su cavidad estomacal, los cuales arrojaron un peso bruto de 960,74 gramos.

Por el ilícito quedó formalizado por la infracción a la ley de drogas, ordenando el tribunal su traslado a la cárcel de Alto Hospicio bajo el resguardo de Gendarmería.

Asimismo el juez de garantía fijó un plazo de investigación de 120 días. La defensa se opuso a la medida cautelar pero sus alegaciones no fueron consideradas por el magistrado.