La nueva Ley de arriendos es un incentivo directo a la inversión y la seguridad de todos los chilenos de clase media que buscan arrendar su propiedad con la seguridad y la confianza.
No deja de sorprenderme que, según la Casen, hay más de 1 millón 200 mil hogares arriendan una casa para vivir. Pero la ley no estaba a la altura. Todos conocemos casos terribles, de conflictos entre arrendador y arrendatario, y hasta ahora quienes dejan un bien tan preciado como una vivienda en manos de terceros han sufrido una brutal indefensión.
Esta ley nos acerca a la situación de países desarrollados. Además, incentiva la inversión y la confianza, porque aumenta la seguridad en los pagos de arriendos. Con esto, más familias se atreverán a invertir en propiedades para permitir a la vez, que otras familias, principalmente de clase media, puedan optar a mejores oportunidades de vivienda.
Hace años que necesitábamos normas que nos protegieran de las inclemencias de la vida. Por suerte, el Gobierno tomó medidas.
Por una migración responsable
No debería ser sorpresa que en la última encuesta Cadem el 73% de los chilenos señalara estar a favor de la implementación de las políticas migratorias realizadas por el Gobierno. Los chilenos valoramos la migración responsable realizada por el Gobierno.
Según cifras de Gobierno, en abril de 2018 existían más de 300 mil residentes irregulares, cifras que han ido trabajándose al entregar visas, revisar antecedentes como corresponde y poner orden a la casa. Incluso hace algunos meses se creó un visado temporal para quienes quieran migrar al país, otorgándoles un permiso de residencia temporal, el cual se prorroga hasta que le den visa definitiva.
El Gobierno ha tomado medidas responsables, entregándole a los extranjeros que quieren quedarse en Chile las condiciones mínimas para mejorar la calidad que tenían en su país de residencia. Contrario a lo que se piensa, somos la gran mayoría los que pensamos que se ha hecho un buen trabajo, porque el precio de una capacidad de absorción desbordada - si no se realiza con precaución- no solo se paga en situaciones de marginación, conflictos sociales y demandas restrictivas en materia migratoria, sino que además puede trastocar profundamente la convivencia nacional, tal como lo hemos visto en una larga serie de países.
Francisca Matamala
Tomás Orellana B.
Ingeniero