Romel J. Puche
El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique acogió una demanda por tutela de derechos fundamentales, interpuesta por una camarera que trabajó para el Servicio de Bienestar Social del Ejército.
La empleada denunció a la institución uniformada por haber sido víctima de hostigamiento laboral y sexual, mientras ejercía labores en el Centro Recreacional Huayquique, en el Hotel Granaderos y en el Casino de Oficiales.
La denunciante señaló que desde que comenzó a trabajar en septiembre de 2012, fue acosada por un suboficial quien era su supervisor directo. La mujer explicó en querella presentada que inicialmente este suboficial la invitaba a salir y que en los años 2013 y 2014 fue objeto de bromas de carácter sexual hechas por el aludido.
La afectada dijo que en marzo de 2016 ingresó a la cocina l suboficial, quien le practicó tocaciones de carácter sexual, denunciando dichos hechos ante la Fiscalía Local de Iquique.
La víctima indicó que no quiso renunciar por representar su labor el sustento económico de sus hijos. Por el evento sufrido la institución la cambió de instalación, pero siguió siendo buscada por el suboficial.
La denunciante padeció trastorno depresivo por lo sufrido, razón por la cual presentó diversas licencias. En noviembre de 2017, y al retorno de una de las licencias, fue trasladada al Casino de Oficiales número 5, donde comenzó a sufrir maltratos laborales por parte de otro suboficial quien tenía conocimiento de lo anteriormente ocurrido.
Finalmente, el 28 de enero de 2019 la mujer decidió autodespedirse, interponiendo la demanda respectiva por incumplimientos laborales por parte de su empleador, a quien exigió una indemnización por daño moral. Con todo lo expuesto el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique dio lugar a la acción judicial deducida.
"En consecuencia, se tendrá que la actora logró acreditar todos y cada uno de los hechos vulneratorios alegados, por lo que se acogerá la demanda por tutela de derechos fundamentales con ocasión del autodespido (…)", estableció el fallo.
"Se tendrá por acreditado que la actora padeció el abuso con connotación sexual que alega, en dependencias de la demandada, lo cual le provocó una lesión de carácter psicológico", añadió.
Indemnización
El tribunal declaró finalmente que el Servicio de Bienestar Social de Ejército incurrió en el acoso laboral, por lo que condenó a pagar a la denunciante: $4.917.000 por concepto de 11 remuneraciones, $447.000 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo, $2.682.000 por concepto de indemnización por 6 años de servicio, $2.145.600 por concepto de recargo, $312.000 por concepto de feriado legal correspondiente al año 2018 y $104.300 por concepto de feriado proporcional. En total el Ejército deberá pagar la suma de $10.607.900.
Al consultar al Poder Judicial sobre el estatus del fallo, se precisó que todavía no se encuentra ejecutoriado, por lo que el plazo para las respectivas apelaciones se mantiene vigente.
Ejército
Por su parte Ejército a través de Zona de Bienestar Iquique precisó a La Estrella que "una vez conocidos los hechos denunciados por la funcionaria, la instrucción dispuso de un sumario con el propósito de indagar los hechos y determinar posibles responsabilidades. Esta se dio por concluida mediante dictamen del Fiscal en comisión con fecha 3 de junio de 2016, no pudiéndose acreditar la efectiva sucesión de los hechos denunciados".
"Como resultado de la investigación sumaria y de la investigación realizada por el Ministerio Público en 2016, que arrojaron como resultado que los hechos no fueron constitutivos de delito, la Zona de Bienestar Iquique se encuentra revisando los antecedentes, respecto de la sentencia de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por el Juzgado del Trabajo de Iquique, conforme a los plazos vigentes, para el ejercicio de los recursos que resulta procedentes en contra de la sentencia", añadió.
En tanto el abogado querellante no emitió respuesta al ser contactado.