Los jueces rechazanpostergar la reforma

Diego Simpertigue, presidente de la Asociación de Magistrados de Chile.

El presidente de la Asociación de Magistrados de Chile, Diego Simpertigue, manifestó su total desacuerdo con la postergación, en seis meses, de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana, la que ahora entrará en vigencia en junio de 2005 y no en diciembre de 2004.

El magistrado, quien es ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, lamentó la determinación del Ejecutivo, porque representa un atraso a la modernización del Poder Judicial y del proceso penal.

Aún así, Simpertigue dice entender las razones expuestas por el Ministro de Justicia sobre la falta de presupuesto, pero recordó que en su oportunidad se hicieron estudios y se fijaron plazos y metas, por lo que, en ese sentido, la medida resulta incomprensible.

DEFENSA

El Presidente Ricardo Lagos defendió ayer la propuesta de su Gobierno señalando que en diciembre de 2004, otro tercio de los chilenos -V, VI, VIII y X Región- se va a incorporar a esta reforma y que la postergación de seis meses en la capital tiene como objetivo hacer las cosas bien.

Explicó que "no nos parece serio que si durante 36 meses hemos incorporado a un tercio de los chilenos, en 24 meses vamos a incorporar a los otros dos tercios".

Emplazó a quienes se oponen a esta medida a estudiar con detenimiento las razones que tuvo la comisión de Coordinación sobre la Reforma Procesal Penal, que la decidió por unanimidad de sus miembros, esgrimiendo que con el ahorro de recursos durante seis meses se fortalecerán los servicios auxiliares -policías y Servicio Médico Legal- para una mejor puesta en marcha del esquema de justicia.

El ministro del Interior, José Miguel Insulza, desestimó razones político-electorales en la medida, indicando que entre diciembre de 2004 y junio de 2005 -cuando toque implementar la reforma- no hay ningún comicio.

REACCIONES

El Gobierno no se va encontrar con los votos necesarios para la postergación, no estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa, sentenció ayer el senador de la UDI, Carlos Bombal para rechazar la postergación de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana.

Enfatizó que las leyes son leyes más allá de su financiamiento, por lo que hay que cumplirlas.

Bombal cuestionó la posibilidad que ésta sea una jugada electoralista del Gobierno, que busque repartir los recursos que por ahora no se invertirán en la reforma en otras áreas más vistosas.

En Renovación Nacional, en tanto, el presidente de la colectividad, Sebastián Piñera, dijo que el Gobierno comete "un grave error" al postergar la reforma, pues con ello se debilitará el combate contra la delincuencia.

Es una pésima noticia para los habitantes de Santiago y una muy buena noticia para los delincuentes, dijo al emplazar a La Moneda a revertir su decisión.

El timonel de RN se preguntó si las decisiones del Gobierno de financiar las campañas electorales o trasladar la Cancillería al Hotel Carrera -ambas con costos superiores a los $10 mil millones que cuesta la Reforma- eran más importantes que el cambio al sistema penal.

El secretario nacional de la Democracia Cristiana, diputado Jaime Mulet, valoró que el Gobierno haya "sincerado" la situación por no contar con los recursos para su implementación y dijo que prefiere un retraso en la reforma si eso significa que comenzará a operar bien.

El dirigente falangista se mostró de acuerdo con que La Moneda decidiera su postergación por unos meses para evitar tener que recortar el gasto social del próximo año.