Una cincuentena de historiadores, entre ellos decanos y premios nacionales de la especialidad, condenaron ayer la forma en que el Gobierno y el Estado han enfrentado el recrudecimiento de la violencia en la zona de La Araucanía. Los especialistas pidieron promover el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica del país.

"Es preciso, en primer lugar, avanzar hacia un rápido reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios que pueblan desde hace muchos siglos el territorio de la actual República de Chile", dijeron en el documento revelado ayer.

"También es preciso construir junto a esos pueblos una fórmula consensuada con el pueblo chileno de autonomía política en el marco de un Estado que debe declararse como plurinacional y pluricultural", agregó.

En el texto acusan al Estado impulsar una política hace 130 años que ha implicado la pérdida de terrenos fundamentales para el pueblo mapuche.

Aunque condenaron los hechos de violencia y el crimen del matrimonio Luchinger-Mackay, los historiadores demandaron del Estado acceder a las exigencias, por considerarlas "legítimas".

"Se impone la urgente adopción de medidas que apunten a la devolución de las tierras usurpadas; la liberación de los presos políticos mapuches; el cese de la represión contra las comunidades; el término de la militarización de la Araucanía; y la no aplicación de la Ley Antiterrorista en hechos producidos en el contexto de luchas sociales, reivindicativas o nacionales", señalan en el texto.

A ellas sumaron la protección de la infancia mapuche, que a su parecer ha estado "amenazada por la ofensiva represiva del Estado"; la aplicación de las cláusulas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile que concierne a los pueblos originarios; la preservación de la lengua y de la cultura mapuche, entre otras medidas.

El Gobierno está realizando un diálogo con dirigentes de origen mapuche, que se retomará esta semana eventualmente con la participación de los ministros del Interior, Andrés Chadwick; y de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.

Nueva toma de fundo en Ercilla

La comunidad Wente Winkul Mapu ocupó ayer pacíficamente el fundo Chihuihue, en Ercilla, que reclaman como de su propiedad, según reportó ayer radio Bío-Bío. Unas 15 familias ingresaron a las parcelas 1, 2 y 3 del recinto, al que entraron con tractores y animales para trabajar.

La Asociación Nacional de Fiscales anunció una reunión con el presidente del Senado, Jorge Pizarro, a raíz del confuso episodio del jueves en el Centro de Justicia, en que efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros se enfrentaron con dos persecutores y un juez del Séptimo Juzgado de Garantía.

La cita se realizará el martes, y tendrá como temática no sólo el incidente, sino también otros temas que tienen relación con las necesidades de fortalecer las labores de los fiscales, según detalló a Emol el vicepresidente de la agrupación, Marcelo Leiva. "La intención es poder discutir situaciones que en general son de larga data para nosotros ya que creemos que se hace necesario que el legislador modifique ciertas normas que están obstaculizando nuestra función", dijo. La Asociación Nacional de Magistrados rechazó el actuar de Fuerzas Especiales de Carabineros en el altercado. A través de un comunicado, la agrupación expresó que "compartimos el malestar y la preocupación" de la Asociación de Fiscales.

Un capítulo judicial se abrió en el conflicto que mantienen trabajadores que aún operan en la Caleta Sudamericana y EPV, luego que ambas partes no llegaran acuerdo para el desalojo del sector, del cual ya emigraron tres agrupaciones.

Un recurso de protección fue presentado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso a nombre del presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Caleta Sudamericana Valparaíso, Carlos Araos, y Miguel Pinto, representante de la Agropesquera Pingal SA.

La acción se fundamenta en "el actuar ilegal y arbitrario" en que habría incurrido la empresa el pasado 5 de agosto al cerrar el frente de atraque correspondiente a la Caleta Sudamericana. Esto se habría materializado con la colocación de contenedores en casi toda la extensión de dicho frente, dejando solo un pequeño espacio para operar, lo que impidió el desempeño normal de los pescadores. "La empresa portuaria ha tratado de introducir el concepto de que los que se fueron eran históricos y los que se quedan son, por así decirlo, aparecidos, y podemos asegurar que eso es errado", comentó el abogado Álvaro Testart, quien explicó que a este recurso se sumaron cuatro comercializadores de jibia que se han visto impedidos de acceder al producto. "Estamos pidiendo que se restablezca el imperio del derecho y se reabra la caleta. Estos pescadores, que son 170 aproximadamente, están reconocidos por un decreto supremo y solamente pueden ser retirados cuando el mismo se derogue y no por la vía de fuerza poniendo una pared de contenedores", comentó.

La empresa portuaria, en tanto, afirmó que su actuar ha sido apegado al derecho. "Puerto Valparaíso ha actuado bajo el marco jurídico vigente y desarrollado un proceso de negociación acorde a las conversaciones con los sindicatos históricos de Caleta Sudamericana", dijo el jefe de Comunicaciones Corporativas de la estatal, Cristián Calvetti. Agregó que la empresa está a la espera de los antecedentes presentados en el recurso para evaluar su alcance y pronunciarse al respecto. "Estamos disponibles para entregar la información necesaria a los organismos respectivos", agregó.

Cuentas alegres para algunos y tristes para otros dejaría el megaferiado de Fiestas Patrias en la región. Eso al menos se desprende de un análisis elaborado por la Asociación de Empresa de la V Región (Asiva), entidad que planteó que en términos de ingresos, los provenientes del sector turismo no serían capaces de suplir el déficit que dejará de producir el resto de las actividades económicas de la zona, el que estimó aproximadamente en US$55 millones por cada día festivo.

Según explicó Daniella Díaz, jefa del Departamento de Estudios de la entidad gremial, Chile es uno de los países con más días feriados de Latinoamérica, lo que "indudablemente tiene un efecto en el PIB y, por lo tanto, en el crecimiento del país. Esto dado que al existir feriados irrenunciables y menos días hábiles, parte importante de la producción se paraliza, mientras que por otro lado sectores como el turismo, transporte y restaurantes se ven beneficiados", comentó Díaz.

Sectores afectados

Precisó que en el caso particular de los feriados del mes de septiembre, los sectores que deben frenar su producción suelen programar sus actividades para no afectar sus compromisos en mayor cuantía, siendo los rubros económicos más perjudicados Servicios y Agricultura.

Añadió que "a pesar de ser algunos días feriados irrenunciables, una parte del comercio no se verá afectado, pues las personas por lo general realizan sus compras con anticipación, lo que se puede apreciar en el caso de las ventas en los supermercados".

Si bien la ejecutiva dijo que septiembre de 2013 no presenta mayor cantidad de días inhábiles respecto a igual mes del año anterior, por lo que no debiese ser un factor de impacto negativo en el INACER, "en términos de ingresos, los provenientes del sector turismo no serán capaces de suplir el déficit que registrará el resto de los sectores económicos en la región, dejando de producir aproximadamente US$55 millones por feriado".

Según los cálculos del director académico de la Universidad Santo Tomás, Piero Moltedo, el costo real que tendría para la región cada uno de los festivos estaría en torno a los US$45 millones.

Ingresos del turismo

"En cifras simples, US$55 millones es la pérdida por día feriado y tan sólo US$10 millones lo que percibimos por turismo y otros ingresos asociados, por tanto el saldo en contra es de US$45 millones. Un feriado de tres días totalizaría una pérdida de casi $70 mil millones", acotó el académico.

Sin perjuicio de lo anterior, el economista dijo que también "existen beneficios por todos sabidos, entre ellos el aumento en la productividad en los días previos y posteriores de los trabajadores".

De acuerdo a las estimaciones del Consejo Superior de Turismo de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP Consetur), es probable que con motivo del megaferiado de Fiestas Patrias arriben a la zona alrededor de 800 mil visitantes, es decir, una cifra similar a la registrada en igual periodo del año anterior.

No obstante, el arribo masivo de turistas no alcanzará para compensar las mermas económicas que dejarán los días de inactividad en la zona, principalmente en el sector Servicios, cuya "demanda no se puede almacenar ni postergar", concluyó el economista Piero Moltedo.

Fuertes multas arriesgan empresas

Cabe mencionar que las infracciones al descanso de feriado obligatorio e irrenunciable de estas Fiestas Patrias serán sancionadas con fuertes multas, dependiendo del número de personas contratadas. Es así como las empresas que tengan entre uno y 49 empleados se les sancionaría con 5 UTM ($202.235), si tiene entre 50 y 199 deberían pagar 10 UTM ($404.470), mientras que si cuenta con 200 o más dependientes, la multa sería de 20 UTM ($808.940).

El séptimo Juzgado de Garantía de Santiago amplió en cuatro meses el plazo de investigación de la fiscal Solange Huerta sobre la causas de la muerte de 156 personas tras la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010. Según informó el abogado querellante Raúl Meza, la medida se debe a diligencias pendientes del Ministerio Público como la segunda declaración por parte del exministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien sería interrogado respecto de las diferencias entre su versión y la de la expresidenta Bachelet sobre el rol del comité de emergencia del 27/F en la alerta de tsunami.

En el caso ya fueron formalizados el exsubsecretario de Interior, Patricio Rosende y la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen Fernández.

La reconstrucción

También en relación al terremoto, el ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, Rodrigo Pérez realizó ayer un balance de la reconstrucción en la Cuenta Pública y anunció que el 88% -196 mil de las 222 mil familias damnificadas del terremoto y maremoto-, tiene su vivienda entregada o en plena construcción.

Del total de 196 mil obras, 130 mil fueron entregadas, 66 mil están en plena construcción y restan 26 mil por iniciar para concluir la reconstrucción que afectó a seis regiones y mil localidades, en un área de 600 kilómetros de extensión entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía.

Otro indicador del avance es que este año se gastará el 68% de todos los recursos de la reconstrucción, equivalente a $ 960 mil millones. "A menos de tres años del terremoto, la reconstrucción habitacional llegará este año al 90% de las obras terminadas o en construcción", dijo Pérez.