Dos semanas de paralización inconstitucional e ilegal de actividades enteran los funcionarios del Registro Civil en demanda de mejoras salariales y laborales, lo cual está afectando a más de dos mil personas que requieren realizar diligencias en ese servicio solo en Tarapacá.
Esta situación se ha tornado aún más compleja luego que esos funcionarios públicos no aceptaran la última propuesta del Ejecutivo, llevando a este a disponer medios alternativos de atención en comisarías y a dar por válidas cédulas de identidad que se encuentran vencidas. La inminencia de las Fiestas Patrias y la necesidad de muchos chilenos de tramitar documentos para poder viajar han hecho de esta situación algo especialmente grave, de lo que los funcionarios en paro han buscado aprovecharse, creando una presión adicional e indebida en las negociaciones, que de suyo no están autorizadas por nuestro ordenamiento jurídico.
Con todo, este grave caso está lejos de ser un hecho aislado. Los paros como medio de presión para buscar mejoramientos económicos muestran signos de ir haciéndose cada vez más habituales, y hace solo unas semanas ya tuvieron lugar el de los recolectores de basura -vinculados a las municipalidades- y el de los funcionarios de Correos de Chile -con dos sindicatos en huelga legal y otros dos en una paralización ilegal-. Este último ha concluido, pero sus consecuencias siguen haciéndose sentir, con millones de despachos aún no entregados a sus destinatarios.
A esto podría sumarse el Servicio Médico Legal, cuyos funcionarios anunciaron un paro para fines de mes, y la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, si no prospera la mesa de trabajo que se logró instalar recientemente con el Gobierno. Y otro tanto podría haber ocurrido con los funcionarios del Servicio de Aduanas, quienes habían declarado su intención de paralizar en estos días -con las enormes alteraciones que esto podría haber causado en los pasos fronterizos y en el aeropuerto de Santiago-, lo que finalmente no ocurrió, tras negociar y firmarse hace unos días un protocolo de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Peor aún, la ANEF ya ha expresado veladas amenazas de convocar a un paro general de los servicios estatales.
El que los funcionarios públicos no tengan la posibilidad de ir a huelga es parte del diseño de un sistema que entiende -con obvio fundamento real- que ellos cumplen un servicio que no puede ser suspendido sin crear un perjuicio grave a la ciudadanía, dado el carácter monopólico del mismo. Como compensación, ellos se rigen por un estatuto especial que les da un muy alto nivel de estabilidad, incluyendo carrera funcionaria y múltiples beneficios que no rigen en el sector privado.
