La Presidenta Bachelet ha anunciado diferentes iniciativas a favor de personas con discapacidad. Destaca la creación de una comisión asesora presidencial que deberá entregar proyectos de equipamiento urbano, educacionales y laborales para este sector. Asimismo, se considera el establecimiento de una Subsecretaría de la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Igualmente, se anticipan un segundo estudio nacional sobre discapacidad y la apertura de 20 mil cupos para discapacitados en el programa especial de capacitación e inserción laboral de jóvenes.

Es obvia la importancia de programas y acciones en apoyo de este grupo humano, que en Chile comprende (en formas radicales o leves) al 12,9% de la población, según el primer estudio nacional de discapacidad realizado por Fonadis y el INE en 2010. Pero debe realizarse una evaluación de los avances y fracasos en esta materia, para orientar las políticas públicas respectivas. No es conducente añadir más y más iniciativas bien intencionadas, pero sin determinación previa de qué ha funcionado bien y qué no lo ha hecho.

En Chile, según las cifras disponibles, el 3,2% de la población de 0 a 15 años de edad presenta alguna discapacidad. Las cifras aumentan en el grupo etario entre 15 y 64 años y, especialmente, en el de 65 años y más. De los mayores de 15 años, solo 29% realiza algún trabajo remunerado, y una de cada 10 personas con discapacidad no cuenta con ningún año de estudio aprobado. Enfrentar esta realidad requiere planes de prevención y rehabilitación nada simples, porque sus causas, muy variadas, incluyen el uso de alcohol y drogas, la violencia social, el envejecimiento de la población, la desnutrición, el abandono infantil, la marginación de grupos sociales, la pobreza extrema, el desplazamiento poblacional y los desastres causados por fenómenos naturales, entre otros. Este conjunto de situaciones no se corregirá solo con la creación de nuevos servicios públicos. Demanda igualmente una readecuación de la perspectiva cultural, que mueva a la población a apoyar integralmente los programas de rehabilitación, de equipamiento urbano, educacionales y laborales, con el concurso de los municipios y de organismos del Estado que incluyan en sus planes a personas con discapacidad. Antes que mayor burocracia, hay medidas que se pueden aplicar de inmediato, como el mejoramiento de los accesos a los servicios públicos, establecimientos educacionales, hospitales y clínicas, medios de transporte, estacionamientos, y el otorgamiento de credenciales especiales. La experiencia internacional tiene mucho que enseñar a estos respectos.

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En Chile, el 3,2%

Sin complejos, taxistas exigen un bono para suplir sus pérdidas por el terremoto y los daños en la ruta A-16. Muchos Pymes tuvieron pérdidas, incluso a algunos se les cayó el local.

La urgente necesidad de un ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro país, se hace patente al momento de analizar la vital articulación que debe existir entre el capital humano avanzado que se forma en Chile y sus posibilidades de desarrollo dentro de la carrera científica, en entidades gubernamentales y especialmente privadas.