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Financiamiento en educación

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Históricamente, el país ha invertido poco en educación escolar. En la actualidad, si tomáramos como referencia la inversión por estudiante respecto de su ingreso per cápita -como lo hace el promedio de los países de la OCDE-, nuestro gasto anual por alumno debería subir en una cifra del orden de 750 dólares en la educación básica, y de 1.300 dólares en la media.

Dado este déficit, no es extraño, pues, que existan familias dispuestas a aportar a la educación de sus hijos por sobre los montos que entrega el Estado.

En un reciente análisis sobre el proyecto de ley que termina con el financiamiento compartido, el lucro y la selección, dos investigadores del CEP han alertado sobre esta disyuntiva. Sostienen que los recursos comprometidos por el proyecto y el diseño contemplado son claramente insuficientes si se quiere poner fin al financiamiento compartido y, simultáneamente, no perjudicar a ningún estudiante, como ocurriría si se disminuyen los recursos de los colegios a los que ellos asisten. En un escenario optimista, algo más de 400 mil estudiantes que asisten a cerca de 600 colegios tarde o temprano se verán perjudicados por la iniciativa legislativa en discusión (en un escenario más realista podrían ser afectados unos 900 colegios, que educan a 580 mil estudiantes). Ello ocurriría porque los recursos adicionales que aporta el proyecto son insuficientes para que estos colegios decidan dejar de cobrar financiamiento compartido. Pero a la larga, tanto porque el proyecto contempla 10 años para terminar obligatoriamente con el pago como por el diseño específico de la transición, ellos se verán afectados, partiendo muy rápidamente por aquellos que en la actualidad tienen los copagos más elevados.

Para evitar que estos proyectos educacionales sean perjudicados, el estudio del CEP propone dos caminos. El primero es un alza de la subvención en 10 años por sobre el reajuste habitual de la unidad de medida en que se paga la subvención de alrededor de 60 mil pesos mensuales, lo que significa un gasto adicional al contemplado en el proyecto del orden de 4.000 millones de dólares en régimen.

Se postulan también otros cambios para favorecer la integración social a partir de las nuevas subvenciones que crea el proyecto de ley. Es una iniciativa que conviene estudiar durante la tramitación del proyecto de ley. Por cierto, debería haberse analizado antes con profundidad el asunto de fondo: ¿es conveniente o razonable terminar con el financiamiento compartido.

'Existen familias

'El proyecto y el

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