El Gobierno estudia algunas modificaciones a la legislación antitabaco que se aplica hace algo más de un año. Se busca reforzar las facultades del Ejecutivo, entre otras la que entrega la fiscalización de su cumplimiento a las secretarías regionales ministeriales de Salud, liberando a municipios y juzgados de policía local de esa tarea. Asimismo, se plantea que el etiquetado de las cajetillas de cigarrillos refleje con mayor propiedad sus características, restringiendo el uso de algunos términos, como light , por ejemplo, que promoverían su consumo. Al mismo tiempo, los senadores Girardi (PPD) y Rossi (PS) impulsan un proyecto que prohibiría fumar en lugares como plazas y parques, iniciativa a la que se suma el senador Chahuán (RN), compatibles a su juicio con los convenios internacionales suscritos por Chile.

En marzo de 2013, cuando comenzó a regir la Ley N° 20.660, se fijó una larga lista de prohibiciones relacionadas con la publicidad del tabaco.En 2013 se realizaron -según las cifras dadas a conocer- 18.587 fiscalizaciones y se cursaron 362 multas. Estas últimas recayeron en su mayoría en locales; apenas el 10% lo hizo en personas naturales.

Tales cifras parecen abonar lo sostenido por la Asociación Chilena de Municipalidades, según la cual las fallas en el control de las normas de la Ley del Tabaco se deben a la escasez de recursos de los municipios para cumplir esa tarea, lo que hace que las normas vigentes al respecto sean 'letra muerta', y por eso estima positivo que se traspase la función a las seremis de Salud. Sin embargo, no se advierte cómo estas pudieren cumplir mejor esa función, a menos que se ampliase su personal con legiones de inspectores. Y, evidentemente, la salud estatal tiene incontables prioridades mucho más agudas y apremiantes que esa. Cabe recordar, además, que en 2007 la Ley N° 20.227, muy razonablemente, liberó a la policía uniformada de controlar, entre otros, el cumplimiento de la Ley del Tabaco.

Siendo así, es previsible que una eventual extensión de la prohibición de fumar a parques y plazas chocará con el obvio problema de su fiscalización. Es efectivo que algunos países desarrollados han implantado prohibiciones semejantes, pero es de preguntarse si Chile quiere realmente llegar a ese rigorismo extremo. Todo indica que la vía del convencimiento racional por medio de la educación y la publicidad resulta más conducente. Las políticas públicas equivalentes a la 'ley seca' invariablemente se prueban contraproducentes o tienen efectos colaterales socialmente muy indeseables, eventualmente más nocivos que el mal que se busca combatir.

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Durante las últimas semanas el Gobierno ha impulsado un proyecto de Reforma Tributaria cuyo principal objetivo es disminuir la desigualdad en Chile. Sin embargo, vemos con preocupación que con estas medidas subirán los valores de las viviendas, incluso de las viviendas sociales; y será más difícil el acceso al crédito.