Múltiples problemas han tenido los esfuerzos de los gobiernos, desde el Presidente Aylwin en adelante, por buscar formas de atenuar las variaciones del precio de los combustibles fósiles al público -en rigor, para evitar que se trasladaran directamente al consumidor las bruscas alzas de dichos precios, que comenzaron con motivo de la invasión de EE.UU. a Irak durante la crisis del Golfo de 1991-. En algunos casos, porque las metodologías para hacerlo no lograban aplanarlos con la intensidad que el público esperaba; y en otros, porque para que eso ocurriera terminaban siendo tremendamente onerosos para el fisco, o, sencillamente, porque eran discrecionales y opacos. Así, a lo largo de los años han desfilado siglas como FEPP, Fepco, Sipco y, ahora, Mepco (Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles).

En este último caso, mediante modificaciones a la tasa variable del impuesto específico a los combustibles, se pretende impedir que estos, informados por Enap, suban o bajen más allá de 5 pesos en cada ocasión, utilizando para eso un precio de referencia, calculado sobre promedios de semanas anteriores, semanas cuyo número puede ser, además, variable. Así, lo que varía es la mayor o menor recaudación del impuesto específico, y no un fondo especialmente dispuesto para ello. Se estima que, de todas formas, habrá una menor recaudación de 600 millones de dólares anuales.

Sin embargo, luego de más de 20 años de esta experiencia, cabe cuestionarse su existencia. El sesgo para adoptar este tipo de mecanismos está más orientado a evitar las bruscas alzas de precio que las bajas, y los gobiernos son susceptibles de presión de los ciudadanos, difícilmente tienen la neutralidad necesaria, lo que termina por traspasar más bajas que las que el mecanismo define, cuando ellas efectivamente ocurren y son cuantiosas. Así, en el largo plazo, se transforman en un subsidio neto para quienes los utilizan. ¿Es eso lo que queremos? ¿Subsidiar a quienes queman combustibles fósiles? En segundo lugar, y más importante aún, estos mecanismos tienden a dar una señal incorrecta a la población: que es posible modificar los precios de mercado, o bien, que las personas no deben ser afectadas por esos cambios de precios, y que, por tanto, es un deber de la autoridad modificarlos.

Sería más sensato que la población se acostumbre a pagar lo que las cosas valen, en vez de introducir subliminalmente la idea de que los precios pueden ser modificados por la autoridad a su antojo, sin costos para el país.

Luego de más de

Sería más sensato

'Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos.'.

Le debemos mucho al hombre. Tanto que temo que nunca se lo podemos pagar. Le debemos tantas conversaciones cerca de La Tirana, en el Wagón o en nuestras casas. Pero sobre todo le debemos haber vuelto a la vida a los compañeros de Pisagua.