Una vez más se ha instalado en el país el debate en torno al aborto, pero en esta oportunidad las diversas posiciones parecen haber alcanzado una expresión más fiel y madura de sus reales contenidos. La posición que favorece la legalización del aborto ha sido más explícita en cuanto a que no se trata de resolver un problema de salud pública ni de eximir de pena a quien aborta en condiciones desesperadas, sino del establecimiento de un derecho a abortar. La naturaleza habría impuesto a la mujer una pesada carga que el hombre no debe soportar, el embarazo, y esta desigualdad o injusticia radical solo podría ser corregida entregando a la mujer el derecho a rechazar esa carga. La legalización del aborto en los casos de peligro para la madre, violación o patología del no nacido son simples consecuencias del derecho a rechazar el embarazo. Por la misma razón -el aborto es un derecho de la embarazada-, el Estado debe garantizar un acceso igualitario, es decir, el aborto debe ser financiado y realizado con recursos públicos e incluso con recursos privados, al menos en las instituciones donde estos últimos se encuentran de algún modo mezclados con los primeros. El profesional de la salud que es requerido para practicar un aborto está obligado por ley a realizarlo.

Por el otro lado, quienes se oponen a la legalización del aborto sostienen que ningún conflicto de derechos o intereses puede legitimar la destrucción de un ser humano inocente. No todos los que rechazan la legalización del aborto son personas religiosas, pero todos asumen la existencia de realidades incondicionadas e indisponibles, en el sentido de que no admiten una ponderación tal que pueda conducir a su completo sacrificio. Pueden estar de acuerdo con la idea de que la mujer soporta una carga de la que el hombre está exento, pero niegan que de eso pueda deducirse alguna autorización legal para sacrificar la vida de un ser humano inocente. Un mal que solo se puede evitar de este modo es un mal que no se puede evitar, y nadie puede ser hecho responsable de ello. En el caso probablemente más extremo, cuando el embarazo es peligroso para la vida de la madre, afirman que esta debe llevar el embarazo hasta un punto en que la acción terapéutica no pueda interpretarse principal o exclusivamente como matar al feto.

La sola exposición de estos puntos de vista manifiesta la enorme trascendencia del debate. Se trata quizás de la discusión más relevante que es posible sostener en una sociedad democrática, pues recae tanto sobre el estatuto de la vida humana como sobre las condiciones del reconocimiento del otro como persona. La expresión legislativa del entendimiento sobre estos aspectos, en materia de aborto y en cualquier otro ámbito, debe respetar plenamente la dignidad humana de todos los involucrados.

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Pese que hasta un Core puso una querella contra quienes emiten falsas alarmas usando medios de comunicación o redes sociales, desde una radio aseguraron que habían emanaciones de gas en un colegio. Al final era un monitoreo que hacía la PDI por la fuga de gases

Desde la ocurrencia de los terremotos del 1 y 2 de abril pasado, la Zona Franca de Iquique no ha logrado levantarse a plenitud respecto a su condición anterior a la catástrofe. Múltiples factores han mermado su despegue definitivo, lo cual obviamente repercute en la generación de empleo, nuevas inversiones y dinamismo económico por la cual fue concebida.