Entre las incontables aristas de la reforma educacional, la propuesta de compra de colegios por el Estado claramente no ha convencido a muchos actores de ese sector, ni tampoco al grueso de la opinión pública. Las dudas que despierta esa idea se reflejan en preguntas en la Cámara y diversas instancias en torno al mejor destino alternativo para los ingentes recursos que demandaría semejante compra -que representan un porcentaje sustancial de todos los que generaría la reforma tributaria-. Todo indica que estarían más eficaz y eficientemente empleados si se los destinara directamente a mejorar la educación que a la compra de inmuebles.

Al parecer, inspira esta propuesta un objetivo bien intencionado: dado que inversionistas destinaron recursos a tales colegios y esperaban obtener un beneficio legítimo de ellos, al eliminarse el lucro habría una expropiación que requiere una compensación o indemnización (a diferencia del caso de las universidades, a cuyo respecto, según la ley, no cabía lucrar). Y como la mayor parte de la inversión fue en inmuebles, una forma de indemnizarlos sería comprando los mismos a su valor comercial o algo cercano, ciñéndose a las normas constitucionales al respecto.

¿Habría otras opciones para compensar a estos inversionistas educacionales, sin tener que comprar miles de inmuebles? Una posibilidad podría ser compensarlos por la pérdida prospectiva de ganancias al transformar los colegios en instituciones sin fines de lucro. Se mantendría la propiedad de los inmuebles en manos privadas, pero los cobros por el uso de los inmuebles serían ahora regulados a valores congruentes con la no existencia de lucro, para evitar traspasos de ganancias encubiertas. Una solución de esta especie tendría menor costo y liberaría al Estado de la pesada carga de supervisar y mantener miles de inmuebles adicionales a los que ya posee y administra en forma deficiente.

Hay quienes temen que esta compra podría alterar los mercados inmobiliarios. No es imposible, pero, al menos en teoría, parece poco probable. El problema real es de uso poco rentable de los recursos y de que el manejo de estos inmuebles pueda empeorar la situación del Ministerio de Educación, todos cuyos titulares han debido enfrentar alta burocracia y desorganización.

No hay razón para que el Estado mantenga inmovilizados inmensos recursos públicos en la forma de inmuebles. Desde la perspectiva del interés social, evidentemente debería desprenderse de todos ellos, excepto de los indispensables para las dependencias gubernamentales esenciales (sedes de gobierno, ministeriales y algunas pocas otras) y, por cierto, aquellos patrimoniales que interesan directamente a todos los chilenos, como los museos nacionales y similares. Esta propuesta debería ser profundamente reconsiderada por el Gobierno.

'El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas'.

Una buena opción para quienes desean ahorrar tiempo y dinero es movilizarse en el transporte público licitado.

Desde pequeños aprendemos y nos enseñan que 'mayoría manda', típica frase cuando había controversia por el juego que desarrollarían los amigos en el barrio o los compañeros de curso durante el recreo.