El tenso y polarizado ambiente político que atraviesa el país, como resultado de la abultada agenda refundacional que ha propuesto el Gobierno, y que naturalmente ha encendido el debate ideológico y crispado los ánimos, ha mostrado, sin embargo, en estos días, una saludable excepción: la declaración pública de un numeroso grupo de personalidades -casi 150- provenientes del mundo académico, profesional, político y de líderes de opinión, que representan a sensibilidades de ambos lados del espectro, respecto de la necesidad de mejorar la institucionalidad del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Ella marca un reencuentro con la sana búsqueda de consensos en temas cruciales para el país, sobre la base de mirar el progreso de todos -algo que parecía haber perdido prestigio como forma de convivencia-, más que establecer los principios discrepantes sobre los que se funda la mirada de cada quien.

Dicha declaración recuerda el particular momento en que la ADP fue adoptada -cuando los problemas de malos manejos de los contratos del Estado por medio de esquemas o 'ardides' amenazaban con provocar potenciales crisis en la convivencia política-. Además, en esa ocasión se tuvo como objetivo, por parte de todos, mejorar la institucionalidad del Estado, en vez de ahondar la discusión sobre la naturaleza de los problemas detectados. Diez años más tarde, los firmantes constatan, con cierta desazón, que la manera en que los gobiernos han actuado, abusando indiscriminadamente del sistema de transitorios y provisionales que el ADP admite, dando lugar a desvinculaciones masivas sin una evaluación previa del desempeño de los despedidos, 'ha afectado la credibilidad y legitimidad' del sistema. Por tanto -concluyen-, la ley que lo rige requiere un perfeccionamiento, y apoyan el anuncio en esa dirección de la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo pasado. Asimismo, solicitan a los actores de dicho perfeccionamiento -parlamentarios y miembros del Ejecutivo- dar prioridad legislativa a esa agenda.

Cualquiera sea la forma en que se mejore la redacción de la ley que regula la ADP, siempre se corre el peligro de que ella quede demasiado rígida, sin espacio para acomodos necesarios de funcionarios bajo ciertas condiciones. O bien de que, dejando esos espacios, ellos sean manipulados por los gobiernos de turno para torcer en su favor el espíritu de la ley. Este es uno de los problemas de más difícil solución en la administración de sistemas públicos. Por eso, tan importante como mejorar la legislación es que la sociedad misma denuncie dichos abusos cada vez que ellos ocurran.

El que los conglomerados políticos que llegan transitoriamente al poder no transformen al Estado en un botín es un principio en el cual el país parecía haber alcanzado consenso.

Marca un

La ley requiere un

'La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar'.

Cada año cientos de estudiantes de enseñanza media y trabajadores en el país deciden continuar su educación. No obstante, existen zonas de Chile que por su lejanía de las áreas más pobladas carecen de instancias educativas que les entreguen una oportunidad real de lograr sus metas.