En todo el mundo, la infracción de ley por menores de edad es un tema complejo y de difícil tratamiento. Las evaluaciones de los efectos de los sistemas juveniles suelen arrojar malos resultados y permiten plantear que, para realmente darles una segunda oportunidad a los niños y jóvenes más vulnerables de la sociedad, resultan claves la prevención social temprana, basada en evidencia y enfocada en menores de edad que concentran factores de riesgo delictivo en las áreas de salud o educación; los esquemas judiciales alternativos -como la justicia restaurativa-, y el despliegue de una oferta programática de alta calidad y con suficiente intensidad de contacto, bajo una institucionalidad judicial altamente especializada.

En el caso chileno, hasta mediados de 2007 los menores de 16 años eran inimputables. Los mayores de 16 pero menores de 18 eran procesados como adultos si eran declarados imputables. Desde dicho año, con la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, se estableció que los infractores entre 14 y 16 años debían ser procesados bajo la legislación aplicable a los adultos, pero con actores especializados, y un sistema de penas a cargo del Servicio Nacional de Menores. Este delega en entidades colaboradoras licitadas la ejecución de las penas que no implican encierro, por un pago estándar según tipo de pena.

Ha habido algunos avances, y colaboradores como la Fundación Defensa del Niño, en conjunto con la U. de la Frontera, han adoptado metodologías basadas en evidencia y alcanzado logros encomiables, considerando que reciben una magra subvención de solo 178 mil pesos mensuales por joven.

Sin embargo, como país estamos lejos de contar con una oferta programática de la calidad y cobertura requeridas para tener un impacto significativo en la trayectoria vital de estos jóvenes y, como consecuencia, en la futura victimización de la que ellos son autores en una proporción significativa. Un estudio de la Fundación Paz Ciudadana estableció que más de la mitad de los jóvenes reincide en un plazo de dos años. Esta tasa se puede bajar, pues hay actualmente suficiente información empírica sobre qué tiene (o no) resultados favorables. Pero lograr progresos implica abordar no solo los montos requeridos, sino los problemas estructurales severos que aquejan al sistema. Para esto último, debería aprovecharse el actual debate en la tramitación del proyecto de ley que separaría el Sename en dos. El nuevo Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente debería plasmar efectivamente el conocimiento actual no solo sobre los contenidos programáticos que se han demostrado eficaces, sino también sobre los sistemas para gestionar estos programas. El país debería apoyarse para esto en instituciones que aseguren el máximo retorno por los recursos que se destinen a esta población. Un buen principio es el esquema de 'pago por resultados', actualmente en uso en Inglaterra y otros países.

Como país

Un buen principio

'La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados'.

El carné es un objeto que se lleva en la cartera o billetera y que resume lo que somos. Ahí están nuestros datos básicos: nombres, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, profesión y lugar de nacimiento. Y por cierto una foto, en la que nadie sale bien. En Chile, hemos tenido varios, ya que el ideal de la seguridad ha provocado que cada cierto tiempo se invente uno mejor. Tengo uno más antiguo de mi abuelo José. Alcancé a tener el verde de varias hojas que en el plebiscito de Pinochet de 1978, una vez marcada la preferencia, un funcionario serio y efectivo, le cortaba una punta. Ese objeto debería estar en el museo de los derechos humanos.