La forma en que el Gobierno pretende resolver el conflicto que los trabajadores portuarios plantearon, y por el cual sus sindicatos organizados han realizado extensas paralizaciones, utiliza una herramienta de solución equivocada y entrega, de paso, una señal ambigua. Los trabajadores alegan que las empresas portuarias les adeudan media hora de colación entre 2005 y 2013. Al respecto, los acuerdos entre empresas y trabajadores, así como los incumplimientos en los que ellas pudieren haber incurrido, son diferentes para las distintas empresas. Sin embargo, para resolver el problema, que el gobierno anterior estimó tenía un impacto político, por el daño que provocaban al país las paralizaciones portuarias como resultado del conflicto, se planteó una solución, implementada por el actual gobierno, a través de una iniciativa legal enviada al Congreso, que grava la carga transferida por los puertos chilenos entre los años 2015 y 2018 con un impuesto de US$ 0,3 por tonelada de carga. Ello recaudará unos US$ 116 millones (US$ 29 millones por año), de los cuales US$ 53 millones se utilizarán para pagar en forma retroactiva a los trabajadores que acrediten haber laborado en dichas faenas en el período señalado (2005-2013), y el resto se destinará a mejoras institucionales en el sector portuario público y privado.

Como ese monto puede ser transferido, total o parcialmente, a los usuarios -ya que es muy difícil que al agregar ese impuesto se superen los valores máximos indicativos que se introdujeron en la licitación de dichas concesiones, lo único que hubiese impedido hacer esa transferencia-, ello significa que será el comercio exterior chileno, que, en una economía pequeña y abierta al mundo como la chilena, es el motor principal de su desarrollo, el que deba cargar con ese mayor costo. En la práctica, eso es aislar aún más al país, cuya distancia con el resto del mundo es, de por sí, grande. Además, al gravar el peso y no el valor del bien transferido, dicho impuesto es porcentualmente más alto para los productos exportados a granel -en general de alto peso y menor valor relativo, aumentando aún más la distorsión inicial.

Esto entrega una señal equívoca, cual es que los problemas que las empresas enfrentan con sus trabajadores pueden ser solucionados a nivel central, por medio de leyes ad hoc , en vez de resueltos, como corresponde en un Estado de Derecho, por los Tribunales de Justicia. Si el Gobierno considera que se ha vulnerado un derecho ya establecido de los trabajadores, no necesita una ley para hacerlo cumplir. Recurrir al expediente de este impuesto provoca un daño a la institucionalidad.

Los trabajadores

Recurrir al

'Nuestra naturaleza está en movimiento. El reposo absoluto es la muerte'.

La Presidenta Bachelet ha definido como uno de los ejes de su Programa de Gobierno la Reforma Tributaria, que esta semana dio pasos importantes en el Congreso gracias al acuerdo transversal entre parlamentarios.