El sustento del hogar, la única figura que sus hijos ven y quienes deben sacar adelante a sus familias, muchas veces cruzando las fronteras, para generar un poco de dinero, son las realidades de más de la mitad de las mujeres que están privadas de libertad en la región.

Según los datos entregados por la Fiscalía de Tarapacá, el año pasado fueron 1.750 mujeres (1.665 adultas y 85 menores de edad) privadas de libertad, de las cuales, el 51% de ellas fueron apresadas por delitos que tenían que ver con tráfico, microtráfico, porte y consumo de drogas.

Para este año, los porcentajes son similares y, hasta el momento existen 550 mujeres cumpliendo condena, con 55 menores y 495 adultas.

Respecto de las cifras, el fiscal regional, Manuel Guerra, indicó que en el total de las mujeres condenadas, se repite el factor que en muchos de los casos, ellas son las jefas de hogar, con una familia monoparental y con una realidad vulnerable.

'Si vemos las estadísticas, la gran cantidad de ellas va por delitos de tráfico y otros menos graves, como hurto y lesiones leves, pero ellas no tienen ningún tratamiento especial. Acá quien quebranta la ley es juzgado por igual', expresó Guerra.

A la vez, el fiscal manifestó que el número de mujeres que comete delitos es similar cada año, no teniendo cifras que se disparen y que el efecto terremoto ha disminuido la cantidad de apresados en todo ámbito, mas indicó que faltan fin de año, donde históricamente los delitos aumentan.

Para la seremi de Justicia, Lorena de Ferrari, existen dos realidades en la región. Una de ellas es la de las chilenas que son enjuiciadas por microtráfico y otra es la de las extranjeras que llegan a la ciudad, utilizadas como correos humanos.

'En la actualidad toda la población penal está en alto Hospicio, por los problemas de las cárceles de Iquique y Pozo Almonte, y allí vemos cómo las mujeres conviven. Las extranjeras son las que más sufren, porque no tienen red de apoyo, como gente que las vaya a ver o les preste servicios', dijo la autoridad.

Incluso, de Ferrari comentó que, por lo mismo, a las foráneas que tienen condenas de hasta cinco años y un día, se les gestiona la expulsión del país, para que puedan estar con sus familiares en el menor tiempo posible.

A las internas que tienen hijos lactantes, se les posibilita que están con ellas hasta el año, para que después se vayan al hogar de un familiar o a una casa de acogida del Sename.

'Hasta el momento sólo hay una menor que vive en hogar de Sename, del total de niños de mujeres en la cárcel, por lo que en la región esto no es habitual', comentó la seremi.

Otra de las situaciones advertidas por la autoridad en justicia es que la cantidad de reincidencias femeninas es muy baja, puesto que 'en ellas siempre juega el factor de los niños, que deben criarse con ellas y cuando están privadas de libertad no pueden cuidarlos', dijo. J

lDespués del cumplimiento de la pena de las mujeres, una entidad busca que ellas se reinserten en la sociedad, con oportunidades claras para que dejen de delinquir: los Centros de Integración Social, antes conocidos como patronato de reos.

Patricia Caqueo, quien está a cargo de esta entidad, indicó que hasta el momento hay cerca de 900 ex convictos que participan de los planes de capacitación y reinserción que manejan, de los que 230 corresponden a mujeres.

'Nuestra idea es tener una capacitación con las mujeres, que ellas se puedan valer por si mismas. También trabajamos con diversos programas del Fosis y del FNDR para dotar de materiales a quienes están con nosotros', explicó Caqueo.

Incluso existe un programa para borrar antecedentes que contempla una duración de hasta cinco años para que se borren las condenas cumplidas desde el Registro Civil. J

l Para el defensor regional, Marco Montero, las mujeres jefas de hogar son las más propensas a cometer algún tipo de delito.

'Ellas tienen una mayor condición de vulnerabilidad, puesto que la mayoría de ellas son madres o jefas de hogar y extranjeras que presentan una situación económica bastante precaria, por lo que necesitan una atención jurídica distinta', manifestó.

Por lo anterior, la Defensoría Penal Pública presenta una unidad especializada en mujeres, que analiza el caso para ver las aristas en las que pueden proteger no sólo a la imputada, sino al entorno familiar que depende de ella.

'A quienes están ya cumpliendo condena las ayudamos con trabajos en los recintos de reclusión mediante charlas, plazas de justicia, visitas periódicas y porque entendemos que muchas de ellas están en una situación bastante desfavorable', dijo Montero. J